Embargo en la mira: acreedores buscan quedarse con el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco

Embargo en la mira: acreedores buscan quedarse con el Banco Rioja y el Parque Eólico Arauco

Bonistas solicitaron a la Justicia de Nueva York la ejecución de activos de la provincia para avanzar en el cobro, en medio del prolongado default y la falta de acuerdo.

Un grupo de acreedores de bonos emitidos por la provincia de La Rioja solicitó a la Justicia de Nueva York autorización para ejecutar activos provinciales, en un intento por recuperar los fondos tras reiterados incumplimientos de pago. La deuda en cuestión, que originalmente era menor, se elevó a unos 75 millones de dólares como consecuencia de intereses acumulados.

La situación tomó mayor visibilidad luego de una publicación en la red social X del analista especializado en deuda y litigios internacionales, Sebastián Maril, quien señaló: “Los fondos acreedores de deuda en default de la Prov. de La Rioja presentan una demanda con el objetivo de tomar posesión del Banco de La Rioja y del Parque Eólico Arauco. Los fondos son beneficiarios de un fallo que originalmente fue por USD 16 millones que, tras varios defaults, hoy se eleva a USD 75 millones”.

El reclamo se enmarca en el default en el que cayó la provincia en 2024, luego de dejar de abonar capital e intereses de bonos internacionales emitidos bajo legislación extranjera. Desde entonces, La Rioja no logró normalizar su situación financiera y mantiene negociaciones abiertas con los acreedores, sin resultados concretos hasta el momento.

Bonistas buscan las empresas estatales

Según trascendió, los acreedores buscan ahora avanzar directamente sobre activos estratégicos de la provincia para forzar el cobro de las obligaciones impagas. En particular, solicitaron el embargo y la eventual incautación de acciones del Banco Rioja S.A.U. y del Parque Eólico Arauco S.A.P.E.M., dos de los principales activos productivos del Estado provincial.

La presentación fue realizada a través del estudio jurídico internacional Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, uno de los más reconocidos en litigios financieros a nivel global. La medida representa un paso significativo en la disputa, ya que implica intentar transformar fallos judiciales favorables en cobros efectivos, algo que no siempre resulta sencillo en este tipo de casos.

Si bien esta estrategia no es nueva en litigios de deuda bajo ley extranjera, sí marca un endurecimiento del conflicto. En 2024, la Justicia de Estados Unidos ya había ordenado a la provincia pagar cerca de 40 millones de dólares por incumplimientos vinculados a estos bonos. Sin embargo, la falta de pago posterior profundizó el enfrentamiento con los acreedores.

El origen del problema se remonta a la emisión de un bono internacional por aproximadamente 300 millones de dólares en 2017, los denominados “bonos verdes” destinado a financiar proyectos energéticos, entre ellos el parque eólico Arauco. Con el paso del tiempo, y tras dificultades financieras, la provincia cayó en incumplimientos que derivaron en una reestructuración en 2021. No obstante, los nuevos compromisos tampoco pudieron sostenerse.

De hecho, en febrero de 2024 La Rioja se convirtió en la primera provincia en incumplir nuevamente una deuda ya reestructurada, al no abonar unos 16 millones de dólares correspondientes a un vencimiento de capital. Desde entonces, acumuló al menos cuatro incumplimientos adicionales entre pagos de capital e intereses.

Mientras tanto, desde el Gobierno provincial sostienen que continúan las negociaciones para alcanzar una reestructuración y atribuyen la cesación de pagos al contexto económico adverso, la caída de ingresos y las restricciones macroeconómicas.

Sin embargo, la falta de avances concretos llevó a los bonistas a intensificar la presión judicial. Los acreedores, además, lograron concentrar una porción significativa de los títulos en circulación, lo que les otorga mayor capacidad de acción coordinada en los tribunales.

En este escenario, el pedido de ejecución de activos marca un punto crítico en la disputa, ya que abre la puerta a eventuales embargos sobre bienes provinciales

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