El gobierno provincial cuestionó la decisión del ENRE y advirtió que la medida podría limitar el desarrollo energético y productivo regional, generando incertidumbre en futuras inversiones.
El Gobierno de La Rioja formalizó su rechazo a la decisión del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) que otorgó a la empresa Vicuña Argentina S.A. el uso exclusivo de la denominada “Línea Minera”, una infraestructura eléctrica considerada estratégica para el desarrollo del oeste argentino.
La controversia se originó tras un pedido de la compañía minera, con operaciones en San Juan, para acceder de manera exclusiva a esta línea de alta tensión de 500 kV, clave para abastecer proyectos de gran escala. Desde el Ejecutivo riojano advirtieron que la medida podría afectar la integración energética y limitar el crecimiento de actividades productivas en la provincia.
El secretario de Energía de La Rioja, Alfredo Pedrali, explicó que la infraestructura forma parte de un sistema construido con el aporte de varias provincias y que su concepción original fue integrar la cordillera con distintos polos productivos del país.
Según detalló, la red cuenta con tramos que conectan Mendoza, San Juan y La Rioja, permitiendo el desarrollo de proyectos energéticos y mineros en toda la región. Actualmente, la línea opera en 132 kV, aunque fue proyectada para una mayor capacidad.
El conflicto se intensificó cuando el ENRE resolvió otorgar el uso exclusivo a la empresa minera para abastecer emprendimientos como Josemaría y Filo del Sol, a través de un pedido canalizado por Transener.
No obstante, el organismo nacional habilitó posteriormente un plazo para que las provincias y actores involucrados presenten objeciones. En ese marco, La Rioja formalizó su oposición dentro de los tiempos establecidos.
Como resultado, el ENRE convocó a una audiencia pública, donde se analizarán los planteos de las jurisdicciones afectadas y de otros sectores que consideran que la exclusividad podría perjudicar el desarrollo regional.
Pedrali fue contundente al advertir sobre las consecuencias de la medida: permitir que una empresa privada tenga el control exclusivo implicaría cerrar un corredor energético clave para la provincia. “Se trata de una infraestructura construida con el esfuerzo de varias jurisdicciones y no puede quedar restringida a un solo actor”, sostuvo.
Además, el funcionario alertó que la decisión podría comprometer proyectos en marcha, como la extensión de una línea hacia el sur provincial, con futuras estaciones transformadoras en Villa Unión y Jagüé, orientadas a fortalecer el sistema eléctrico y generar un nuevo polo de desarrollo en el Valle del Bermejo.
Desde el Gobierno riojano anticiparon que participarán activamente en la audiencia pública para defender su postura. En caso de que la resolución final no contemple sus planteos, no descartan avanzar con acciones legales para resguardar los intereses energéticos y productivos de la provincia.
El conflicto expone una tensión creciente entre el avance de grandes proyectos mineros y la necesidad de garantizar un acceso equitativo a la infraestructura energética, clave para el desarrollo federal.