La reciente columna de Agustín Domingo sobre la eliminación de las leyes de “compre local” en la Patagonia reabre un debate necesario: cómo mejorar la competitividad de nuestras economías regionales y reducir el llamado “costo argentino”. Sin embargo, muchas veces se atribuye a estas normas un impacto sobre la competitividad que difícilmente pueda compararse con el verdadero problema que enfrenta la producción en la Argentina: el peso de la estructura tributaria.
Dónde se aplica el compre local
Conviene empezar por una aclaración que suele pasar desapercibida. Las normas de compre local en la provincia de Río Negro se aplican fundamentalmente a las contrataciones del Estado provincial y a obras financiadas con recursos públicos. No regulan las relaciones comerciales entre empresas privadas, que son las que estructuran la mayor parte de los proyectos energéticos vinculados a Vaca Muerta.
En el debate regional suele citarse como referencia el régimen de ‘Compre Neuquino’, establecido por la Ley 2683 y reforzado posteriormente para el desarrollo de proveedores locales vinculados a la actividad hidrocarburífera. Ese sistema combina preferencias en contrataciones públicas con programas de desarrollo de proveedores locales en la cadena de valor petrolera.
Sin embargo, es importante comprender que la capacidad de la provincia de Neuquén para impulsar ese modelo está directamente vinculada a su condición de provincia productora y dueña del recurso, en virtud del artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales. Esa posición le otorga un poder de negociación particular frente a las empresas que explotan los yacimientos de Vaca Muerta.
Un problema con origen conocido
Resulta difícil sostener que el compre rionegrino sea un factor determinante en el costo de inversiones vinculadas a Vaca Muerta. Existe un problema de competitividad, pero su origen está en otro lado que es bastante conocido. En la Argentina producir implica atravesar una estructura tributaria que grava cada etapa del proceso económico. Impuestos nacionales, provinciales y municipales se superponen generando un efecto acumulativo que termina encareciendo significativamente cualquier actividad productiva.
Entre esos tributos destacan algunos particularmente distorsivos como Ingresos Brutos, las tasas municipales aplicadas sobre la actividad económica y las cargas laborales que pesan sobre el empleo formal. Estos costos tienen un impacto mucho más profundo en la competitividad que cualquier norma de preferencia en compras públicas.
Discutir el compre local sin abordar el peso de la estructura tributaria equivale, en definitiva, a discutir los márgenes del problema sin tocar su núcleo.
“No verla pasar”
En regiones donde se desarrollan grandes proyectos vinculados a recursos naturales, las provincias suelen intentar que una parte de la renta generada por esas inversiones permanezca en la economía local. El “no verla pasar”, como algunos sostienen, no pasa por regulaciones que distribuyan contratos, sino por crear condiciones para atraer inversiones productivas.
Sin embargo, ese objetivo muchas veces se intenta alcanzar mediante regulaciones que exceden las preferencias en compras públicas y terminan imponiendo obligaciones a las empresas privadas, como las normas que establecen porcentajes obligatorios de contratación de mano de obra local. Este tipo de esquemas, como la Ley “80/20”, no solo generan distorsiones económicas, sino que además contradicen principios constitucionales al restringir la libertad de contratación y la libre circulación del trabajo entre provincias.
En ese contexto resulta llamativo que, tras criticar las leyes de compre local por su supuesto efecto distorsivo y actuar como barrera limitando la inversión, se sugiera ahora avanzar hacia un “compre patagónico” que abarque provincias como Río Negro y Neuquén, como si cambiar la escala geográfica resolviera el problema. En realidad, simplemente redefine quién queda dentro y quién queda fuera de la protección.
Una oportunidad más ambiciosa
El verdadero desafío para Río Negro no es discutir proteccionismos territoriales en contrataciones, sino cómo aprovechar estratégicamente los recursos energéticos ahora mayoritariamente disponibles. La cercanía con Vaca Muerta abre una oportunidad mucho más ambiciosa: utilizar el gas como insumo para el desarrollo industrial en origen.
Industrias como la petroquímica, la producción de fertilizantes, el procesamiento de minerales, la industria alimentaria o incluso centros de datos energéticamente competitivos podrían radicarse en la región si existieran políticas de promoción adecuadas.
La provincia de Río Negro ya cuenta con antecedentes en materia de promoción industrial, como el régimen establecido por la Ley 1274 de Promoción Industrial, que otorgaba verdaderos incentivos fiscales para atraer inversiones productivas.
Recuperar esa lógica, adaptada al contexto actual, permitiría transformar la disponibilidad de gas en desarrollo económico real y empleo de calidad.
El desafío no es discutir proteccionismos territoriales, sino aprovechar la energía disponible para impulsar nuevas actividades productivas. En otras palabras, el verdadero desafío es industrializar la energía de Vaca Muerta.
- Roberto Gil. Contador Público – Ex AFIP – Ex Dirección de Rentas de Río Negro – Ex Presidente de la Comisión Arbitral (COMARB) – Especialista en Tributación.