Los ministros de Producción de Corrientes, Walter Chávez; de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo Gentileza
Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes se unieron ante una posible restricción que afectaría exportaciones superiores a los US$400 millones en biodiésel
Millones de dólares en riesgo
Durante la edición 2026 de Expoagro en la megamuestra de San Nicolás, las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes, junto a representantes del sector privado, conformaron un frente unido para rechazar un potencial bloqueo de la Unión Europea a las exportaciones argentinas de biodiésel. La postura conjunta tiene como objetivo proteger un mercado que representa ingresos por hasta 400 millones de dólares anuales y sostiene miles de empleos vinculados a la cadena productiva. La estrategia se consolidó durante la jornada “Región Centro: el biodiésel como motor de futuro”, que reunió a los principales actores políticos y productivos.
La Comisión Europea publicó recientemente un documento por el cual modifica los criterios relacionados con el riesgo de cambio indirecto de uso del suelo, esto es mediante la revisión de la expansión de los cultivos que se usan para producir biodiésel a nivel global.
El encuentro estuvo encabezado por los ministros de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso; de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; y de Producción de Corrientes, Walter Chávez.
Puccini fue el encargado de abrir el debate, advirtiendo sobre la gravedad de la situación: “Traemos una agenda de preocupación ante el análisis de la Unión Europea que, de prosperar, impediría a la Argentina exportar biodiésel. Eso significaría que dejarían de ingresar 400 millones de dólares al país”. El funcionario santafesino recordó que, a pesar del reciente acuerdo firmado con la Unión Europea, surgió un informe que califica a la soja como un “insumo de alto riesgo”. La soja es la materia prima para elaborar el biodiésel.
Por Córdoba, Busso destacó que el acompañamiento privado es clave y reclamó “la apertura económica y que se reconozca la competitividad de nuestro biodiésel”. Por su parte, el entrerriano Bernaudo hizo foco en el impacto territorial: “Se trata de cadenas de valor, y son esas cadenas las que sufren. En un momento en que el petróleo está complicado, el biodiésel argentino en Europa es un jugador importante. Hasta el productor más chico de soja se ve afectado”.
Luis Zubizarreta, presidente de Carbio, garantizó que llevarán el reclamo a todas las instancias posibles para revertir la medida, destacando que la fuerza de la Región Centro es fundamental.
Javier Cervio, director Ejecutivo de Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), dijo que la traba responde a “cuestiones comerciales sin fundamentos técnicos” y lamentó el retroceso que esto significa tras el acuerdo Unión Europea–Mercosur.
Lucas Magnano, titular de Coninagro, aseguró que cuentan con datos sólidos para demostrar que la producción cuida el recurso, desmintiendo los planteos europeos.
Bernardo Vignatti, presidente de Carsfe, reforzó esta postura afirmando que el sector cuenta con las herramientas necesarias para “desmitificar las acusaciones”.
Los funcionarios provinciales destacaron que casi el 100% de la soja santafesina se produce bajo siembra directa. Este sistema evita la erosión del suelo, captura carbono y logra un ahorro superior al 70% en la emisión de gases de efecto invernadero en comparación con el diésel fósil. Ante estos datos, los ministros sentenciaron: “Europa castiga al producto más eficiente ambientalmente para proteger sus aceites vegetales, más caros y menos sustentables”.
El frente conformado, que también contó con la presencia de autoridades de integración regional como Claudia Giaccone (Santa Fe), Carlos Massei (Córdoba) y Atilio Benedetti (Entre Ríos), anunció dos líneas de acción concretas.
Se consolidará un dossier técnico-jurídico para denunciar este proteccionismo ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), basándose en un antecedente favorable logrado en 2016.
En tanto, a través del espacio Provincias Unidas, se promoverá en el Congreso Nacional una nueva Ley de Biocombustibles que permita elevar el corte obligatorio actual (limitado al 7,5 %) y desplegar el potencial productivo de la región.