Minería y ambiente no son incompatibles

Por ejemplo, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue contundente al respecto luego de una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. “Es necesario concluir con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación, estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar”, expresó, subrayando la necesidad de descentralizar el control ambiental para fomentar el desarrollo económico regional.

Asimismo, el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Iván Grgic, explicó la postura del sector empresarial. Comentó: “No queremos modificar la ley, sino reglamentarla. La provincia necesita herramientas claras para avanzar en el desarrollo minero sin vulnerar la protección ambiental”.

Precisamente, el dilema que se plantea entre la necesidad de que la minería se desarrolle y la preservación del ambiente todavía no ha encontrado el equilibrio necesario. La ley, promulgada hace 15 años, resguarda los glaciares y todo lo que los rodea, prohibiendo la actividad extractiva o la explotación petrolera en esas zonas. El problema es que el concepto “periglaciar” no estaría definido claridad en el texto de la ley. Así, se impide incluso la posibilidad de analizar nuevas zonas que puedan dedicarse a la minería porque figuran en el inventario de “periglaciares” que forma parte de la norma.

Una de las quejas principales es que el texto de la ley sancionada en 2010 tiene contenido más político e ideológico que definiciones científicas. Se afirma que hay artículos cuya ambigüedad es notoria, lo que genera incertidumbre e impide que las provincias puedan avanzar en el desarrollo de una industria que, para esos distritos, es estratégica.

El anuncio de que el gobierno nacional promovería modificaciones a la ley de Glaciares abre nuevamente la expectativa de consolidar oportunidades para las provincias andinas. Por cierto, el desarrollo productivo debe equilibrarse con la protección ambiental. En este punto, los textos que se promuevan deben ser claros y científicamente sólidos para que la ley contemple el desarrollo minero responsable, con los beneficios económicos y sociales que puede tener la actividad para la población de estos distritos y, al mismo tiempo, preserve las gigantescas reservas hídricas de nuestra cordillera.

La minería y la protección del ambiente no son incompatibles cuando se implementan prácticas sostenibles, tecnologías limpias y una gestión ambiental que mitigue los impactos negativos. Para ello, deben estar claras las reglas. Es de esperar que la modificación o la reglamentación de la Ley de Glaciares esclarezca definitivamente la cuestión.

www.lavozdesanjusto.com.ar/