El Gobierno le otorgó a la empresa BHP el uso de una línea estratégica financiada por el Estado. La provincia denuncia que la medida se tomó sin consulta previa.
BHP fue una de las pocas compañías extranjeras que presentó proyectos para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Milei. Las suspicacias crecieron por la cantidad de reuniones que mantuvieron los representantes locales de la compañía con funcionarios del Gobierno nacional en la Casa Rosada, incluido el propio presidente Milei y miembros del gabinete económico.
Varias empresas del sector sostienen que el Ejecutivo estaría priorizando al proyecto Vicuña para asegurar que avance una de las inversiones estrella del RIGI. «Hay proyectos esperando capacidad eléctrica hace tiempo y de repente aparece esta resolución que beneficia al más grande», dijo un empresario del sector que sigue de cerca el expediente. En el mundo minero la competencia por infraestructura es feroz. La energía es uno de los insumos críticos y el acceso a líneas de alta tensión puede definir qué proyecto se construye y cual no.
La tensión también expuso el malestar político dentro de San Juan. Según reconocen fuentes provinciales, el gobernador Marcelo Orrego no estuvo de acuerdo con la decisión. En una provincia donde la minería es política de Estado desde hace años, la sensación de que Nación decidió sin consultar generó ruido en todo el arco político. En definitiva, detrás de la discusión técnica sobre una línea de 500 kV se esconde un debate mucho más grande. Se trata de quién administra la infraestructura energética que financia el conjunto del sistema y cómo se distribuye entre los proyectos productivos