El dato sorpresivo que informó un organismo nacional sobre las propiedades de YPF en Comodoro. La deuda millonaria que se condonó 30 años atrás por tierras que no terminaron de transferirse. ¿Y si algunos de los lotes en disputa ya son de la ciudad?
Raúl Figueroa
Por fuera de las chicanas políticas entre el gobernador y el intendente, el tema de fondo remite a un activo que la ciudad necesita tanto como el agua: la disponibilidad de tierras. En una ciudad históricamente condicionada por la actividad petrolera y por limitaciones marcadas por el pasivo ambiental de la misma actividad, el acceso a suelo urbano se convirtió desde hace décadas en uno de los principales déficits estructurales para cualquier política de planificación.
En ese marco, volvió a instalarse la discusión sobre los activos que la petrolera aún conserva dentro del ejido de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, antiguas normativas indican que parte de esas superficies habría sido transferida al municipio varias décadas atrás, lo que introduce un elemento jurídico que hasta ahora no había sido incorporado con claridad al debate público.
Ese antecedente convive con otro dato llamativo: la empresa continuó pagando impuestos municipales por varios de esos lotes. La coexistencia de ambos elementos -una supuesta transferencia previa y el pago sostenido de tributos- abre una zona de discusión legal sobre la titularidad efectiva de esas tierras.
La polémica volvió a escena tras el cruce entre el gobernador Ignacio Torres y el intendente Othar Macharashvili durante la apertura de sesiones legislativas. En ese discurso, el mandatario provincial planteó la posibilidad de destinar tierras de YPF dentro del ejido urbano para familias afectadas por el deslizamiento del cerro Hermitte.
El momento tuvo más carga política que institucional. Mientras el gobernador hablaba desde el atril, quienes estaban cerca del intendente notaron su incomodidad ante lo que interpretó como un planteo “demagógico”. La escena, breve pero elocuente, reavivó una discusión que en realidad venía desarrollándose de manera más silenciosa, desde hace meses, tal como ha reflejado ADNSUR en informes anteriores.
Un problema anterior al Hermitte
Más allá de ese episodio, el debate remite a un problema mucho más antiguo. La disponibilidad de tierras para urbanización es una limitación histórica en Comodoro Rivadavia, vinculada tanto a su geografía como a la ocupación petrolera de amplias superficies dentro del ejido urbano.
De hecho, incluso antes de la emergencia provocada por el cerro Hermitte, el acceso a lotes con servicios ya aparecía como uno de los principales desafíos para la expansión ordenada de la ciudad.
El elemento novedoso, que no debería perderse de vista, es que están en juego lotes ubicados en espacios privilegiados de la ciudad, como los viejos almacenes de km.3, en una zona contigua al mar, además de otros en barrio Castelli, que podrían ser de gran valor y utilidad para las necesidades que presenta la ciudad.
Una discusión con foco en uno de los directores de YPF
El tema también empezó a escalar dentro del plano institucional. Tras el planteo del gobernador, el intendente Macharashvili retomó la cuestión al día siguiente durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, donde aseguró que el municipio ya había comenzado gestiones desde que se anunció la salida de la petrolera de varios yacimientos de la cuenca. Sin embargo, dentro de su propio equipo reconocen que esas gestiones todavía no tuvieron resultados concretos.
Mientras tanto, las definiciones finales dependen del directorio de YPF. En ese ámbito aparece como figura clave el director por Chubut, el dirigente petrolero Emiliano Mongilardi, a quien distintos sectores políticos señalan como interlocutor relevante en la discusión sobre el destino de las tierras que la compañía aún mantiene en Comodoro.
¿Sólo la playa de tanques en poder de la petrolera?
El antecedente más cercano en materia de transferencia de tierras fue el convenio que firmaron, en el año 2023 , el entonces presidente de YPF, Pablo González y el intendente Juan Pablo Luque, para definir la transferencia de la titularidad de los clubes, asentados en antiguas tierras de la ex petrolera estatal.
Durante aquel proceso, la comisión de Tierras del Concejo Deliberante -que en ese momento presidía la concejal Viviana Navarro- realizó una consulta formal a la Agencia Nacional de Bienes del Estado (AABE).
La respuesta del organismo nacional aportó un dato inesperado: dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia no figuraban inmuebles registrados a nombre de YPF, con la sola excepción del área de la playa de tanques.
«Respecto del resto de los inmuebles, si quieren profundizar, habría que realizar estudios dominiales a los fines de determinar titularidad y jurisdicción«, concluía aquella comunicación oficial.
Este fue uno de los motivos que terminó por frenar aquel acuerdo, que nunca llegó a ser ratificado por el Concejo Deliberante, bajo la convicción oficial de que en realidad las tierras ya estaban en poder del municipio, según interpretaron asesores internos del Concejo Deliberante.
El acuerdo de 1995: bienes transferidos y una deuda millonaria condonada
Uno de los antecedentes centrales en esa discusión se remonta a la ordenanza 5.536, sancionada en 1995, que aprobó un acuerdo entre el municipio y YPF -ya privatizada desde 1992- para la transferencia de una serie de bienes e instalaciones en la ciudad.
Según el anexo de aquel convenio, el listado incluía distintos inmuebles emblemáticos, entre ellos los clubes de zona norte, terrenos baldíos en barrio 9 de Julio y diversas instalaciones en Km.5. También se contemplaban espacios como el club y el Chalet Huergo, el parque Saavedra y el estadio de Km.3.
El acuerdo, además, incluía un componente económico relevante: el municipio condonó a YPF una deuda superior a los 2 millones de pesos, equivalentes en aquel momento a dólares debido al régimen de convertibilidad vigente en el país, como parte del entendimiento alcanzado entre ambas partes.
Una transferencia que nunca se completó
Sin embargo, entre quienes trabajaron en el convenio que volvió a discutirse en 2023 señalan que aquel proceso nunca llegó a completarse plenamente, ya que no se habría avanzado con las mensuras necesarias para formalizar la transferencia dominial de los inmuebles. Esa omisión, sostienen, habría dejado el acuerdo en una situación inconclusa desde el punto de vista registral.
Por su parte, la petrolera sostuvo en los últimos años que esos inmuebles continuaban bajo su dominio, una posición que fundamenta, entre otros elementos, en el pago de impuestos municipales. Esto involucra terrenos y grandes superficies más allá de los clubes.
El antecedente olvidado de 1982
Existe además un antecedente aún más antiguo que podría ayudar a explicar por qué hoy no aparecen bienes registrados a nombre de la petrolera en la ciudad. Se trata de un decreto de 1982 mediante el cual YPF desafectaba en favor del municipio aquellos bienes que no fueran considerados reserva para su actividad específica.
Aunque se trata de una norma dictada durante la última dictadura militar, el instrumento nunca fue anulado y establecía que la petrolera sólo conservaría bajo su potestad los inmuebles necesarios para su actividad industrial.
En ese marco, entre quienes conocen los antecedentes administrativos del tema se menciona como una posible alternativa la promoción de una acción declarativa de certeza ante la justicia federal, un mecanismo utilizado precisamente cuando existe incertidumbre jurídica sobre la titularidad de bienes vinculados a organismos o empresas con participación del Estado nacional.
La ex concejal Viviana Navarro mencionó ese camino como una vía posible para clarificar la situación dominial.
¿Define la ciudad, o define el mercado?
Por último, cabe mencionar un proyecto de ordenanza, presentado por el bloque de concejales del PJ el año pasado, que apunta a realizar un relevamiento catastral de los bienes incluidos en el traspaso de 1995, para regularizar la situación.
En medio de tanta declaración de buenas intenciones y declamaciones políticas, la búsqueda de una definición jurídica -sea en el ámbito judicial o a través del trabajo legislativo local, considerando que hay “acuerdo” entre el gobernador y el intendente- aparece como un punto de partida necesario para ordenar la discusión.
Sería un buen elemento si se quiere evitar que “las decisiones se tomen desde un escritorio en Puerto Madero” o, peor aún, desde algún ámbito más cercano, sobre la base de algún cálculo de rédito inmobiliario.