La medida, instrumentada a partir de la Ordenanza N° 253/2024, fue reglamentada recientemente y establece el cobro a turistas que utilizan servicios por el día, en el marco de la política local orientada a generar recursos para atender el impacto que produce la alta afluencia de visitantes.
En un comunicado fechado el 4 de marzo, Moreno Hueyo advirtió sobre lo que consideró la “gravedad y palmaria inconstitucionalidad” de la imposición. Sostuvo que la ordenanza “nació viciada” y cuestionó que fue tratada y sancionada mientras él se encontraba suspendido de su banca.
Según indicó, la suspensión fue “ilegítima y arbitraria” y, cuando la Justicia ordenó su reincorporación mediante un amparo, el tributo ya había sido aprobado. “El Concejo ya nos había excluido deliberadamente del debate de este tributo”, afirmó.
Desde el punto de vista legal, el edil argumentó que la tasa no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que no existe una contraprestación concreta por parte del Estado. “No existe tasa si el Estado no brinda a cambio un servicio efectivo, concreto y demostrable”, señaló, y sostuvo que el cobro funciona como “una especie de peaje por el simple hecho de entrar o circular por el pueblo”.
En esa línea, calificó a la TUU como “un impuesto encubierto e inconstitucional” y advirtió que podría derivar en conflictos judiciales, al compararla con antecedentes como la polémica Ecotasa aplicada en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Moreno Hueyo reconoció que la localidad enfrenta un fuerte desborde por la cantidad de visitantes y la necesidad de ordenar la actividad turística, pero sostuvo que ello no justifica avanzar con medidas que, a su entender, no se ajustan a derecho. “Agarrar atajos al margen de la ley no es la solución”, expresó.
El concejal también cuestionó lo que definió como una práctica reiterada de creación de tasas con fines recaudatorios. “Se le cobra por todo a todos, pero no se devuelve absolutamente nada en contraprestación”, manifestó, y advirtió sobre una posible “avalancha de juicios millonarios” contra el Municipio que, en última instancia, deberían afrontar los vecinos.
Finalmente, remarcó que desde su espacio político trabajan por “un turismo verdaderamente sostenible y ordenado”, pero con reglas claras y respetando la Constitución. “Rechazamos de plano cualquier acción que confunda la gestión pública con recaudación de forma ilegítima”, concluyó