La fusión de Josemaría y Filo del Sol reabre la discusión sobre cómo debe evaluarse el impacto ambiental del mayor emprendimiento cuprífero proyectado en San Juan. Entre la posibilidad de ampliar la DIA ya aprobada o iniciar un trámite desde cero, el debate técnico, político y social vuelve a instalarse en el centro de la escena.
El problema radica en que Filo del Sol, la otra mitad de este gigante de cobre, oro y plata, no posee esta aprobación. La integración de ambos proyectos exige modificaciones sustanciales en la planificación original, incluyendo un depósito de colas mucho más grande y profundos ajustes en la infraestructura y si se quiere un reacomodamiento logístico que no tienen precedentes en la provincia.
Esto ha desatado un fuerte debate técnico y social: ¿se debe realizar una evaluación de impacto ambiental –DIA- completamente nueva para ambos proyectos, o basta con modificar o ampliar la existente que es de Josemaría?
Si bien San Juan tiene una licencia social interesante en la minería como actividad y factor de desarrollo, este tipo de cosas que hacen dudar a la población y a las instituciones sobre la claridad de lo que se hará, lleva a que la gente común comience a mirar de reojo lo que puede ocurrir en sus lugares y principalmente en las zonas de influencia de los proyectos.
Según fuentes oficiales y de la empresa, la estrategia será presentar una ampliación de la Evaluación de Impacto Ambiental de Josemaría para incluir a Filo del Sol. Argumentan que la DIA base sigue siendo válida y que una actualización es el camino más eficiente y correcto de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.
No obstante, sectores ambientalistas y asambleas locales exigen un reinicio total del trámite porque advierten que al tratarse de un «nuevo proyecto» fusionado, los impactos acumulativos sobre el suelo y el agua serán mucho mayores, por lo que demandan un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y audiencias públicas plenas para garantizar la transparencia.
Sostienen que el principal riesgo que se corre es no tener información concreta sobre qué y cómo se van a manejar con los glaciares, más allá de que en el Congreso Nacional se haya modificado la ley 25676, haciendo más permisivos y laxos los controles que contemplaba la norma. En términos concretos, la nación les tiró la pelota a las provincias y serán ellos los que tendrán que dictar las normativas de control.
La realidad es que, por presiones económicas de la gran minería, los controles establecidos han comenzado a tener algunos signos de flexibilidad. La modificación de la CIAEM y la quita de los técnicos especializados, que evalúa las declaraciones de impacto ambiental y ahora la modificación de la ley de Glaciares, sumado a los antecedentes negativos que tienen corporaciones como BHP y Lundin, hace que la población comience a mirar con cuidado lo que ocurra