Al filo del cierre de las sesiones extraordinarias y gracias al apoyo de casi todo el arco político de la oposición dialoguista, el oficialismo logró sancionar la controvertida reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La ley fue sancionada por 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones. Tal como ocurrió hace dos semanas, cuando el Senado trató el proyecto por primera vez, además de La Libertad Avanza apoyaron la reforma la UCR, el Pro y bloques independientes y de fuerzas provinciales. En contra votaron las diferentes expresiones en que se divide el peronismo en la Cámara alta.
Con esta votación, el oficialismo del Senado, liderado por Patricia Bullrich (Capital), pudo ofrendarle a Milei su ansiada ley a tiempo para poder exhibirla como un trofeo ante la Asamblea Legislativa del próximo domingo, ante la que el Presidente tiene previsto dar su discurso sobre el estado de la Nación en la inauguración de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso.
En esta oportunidad, el Senado tuvo que decantarse entre dos posibilidades: aceptar el cambio introducido por la Cámara baja, postura sostenida por el oficialismo y sus aliados de la oposición dialoguista, o insistir con la versión que aprobó hace dos semanas atrás.
El kirchnerismo intentó eludir la encerrona de quedar aprobando la versión anterior al rechazar la que vino con cambios de Diputados y quiso repetir su voto en contra de la reforma del primer debate, pero no pudo hacerlo ya que la Constitución no lo permite. Tampoco quiso seguir el camino que adoptaron los provinciales José María Carambia y Natalia Gadano (Movere-Santa Cruz), que expresaron su oposición absteniéndose de votar.
En el final del debate, Bullrich realizó una enfática defensa de la reforma laboral, asegurando que viene a crear empleo y a terminar con las rigideces de la legislación que, según su óptica, fomentan la informalidad laboral.
“Estamos discutiendo una ley que va a desmontar una de las mayores mentiras, que es la de la ley de Contrato de Trabajo, un sistema que hace que nadie contrate a nadie”, afirmó Bullrich, quien responsabilizó al peronismo porque “en nombre de los trabajadores se mandó durante años a la informalidad a millones de argentinos”.
En el inicio de la discusión, el kirchnerismo hizo un intento por hacer caer el debate, pero no tuvo éxito. El senador Mariano Recalde (Capital) pidió que el proyecto volviera a comisión a la luz de una disposición contemplada en el acuerdo Mercosur-Unión Europea que impide sancionar leyes regresivas en materia ambiental y laboral. La moción fue rechazada por 43 votos en contra y 29 a favor.
“Rechazamos esto porque afecta derechos de los trabajadores, viola artículo 14 bis de la Constitución Nacional y va a impactar negativamente en el empleo, va a precarizar el trabajo y deteriorar el salario”, denunció, a su turno, el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco).
El peronista pampeano Daniel Bensusán amplió el concepto y explicó que “nuestro sistema constitucional protege los derechos del trabajador con los principios de progresividad y de no regresividad, que significa que el legislador únicamente puede ampliar los derechos que ya tiene el trabajador y el Estado no tiene permitido reformar leyes que hagan retroceder derechos labores”.
Más duro aún fue el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa). No conforme con insistir en su inconstitucionalidad, dijo que la reforma “es una ley gorila, hecha por gorilas para perjudicar al trabajador y a los jubilados”.
“Dicen que esta ley es a favor del trabajador. ¡Que dejen de mentir, esta ley perjudica terriblemente al trabajador!“, denunció Mayans en respuesta a los argumentos esgrimidos del oficialismo a favor de la iniciativa.
El texto llegó al Senado para su tratamiento en comisiones en la mañana del 20 de febrero, apenas ocho horas después de que la Cámara de Diputados lo aprobara en revisión introduciendo un cambio en el texto que había salido de la Cámara alta la semana anterior.
La modificación fue, en realidad, una eliminación: el oficialismo aceptó quitar el polémico artículo 44 que modificaba el régimen de licencias médicas, aplicando descuentos en los salarios de los trabajadores según si la enfermedad o la dolencia declarada fuera involuntaria o producto de una actividad extracurricular del empleado.
La controvertida cláusula no estaba en el texto original que envió el Poder Ejecutivo en diciembre último, sino que apareció a último momento, antes de que comenzara la sesión en el Senado del 12 de febrero. Hasta el día de hoy nadie sabe a ciencia cierta quién lo impulsó. Lo cierto es que, como consecuencia de la polémica que generó, el oficialismo aceptó eliminarla en la Cámara baja.
En sus más de 200 artículos, la norma introduce profundos cambios en la legislación laboral, en la relación entre empleado y empleador y hasta en materia fiscal, ya que contempla la reducción de aportes patronales como parte de los beneficios para incentivar la registración de los trabajadores.
Además, tiene un todo un capítulo dedicado a la justicia laboral. Por lo pronto, traspasa el fuero laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, al ratificar el convenio sellado entre el Poder Ejecutivo y la administración de Jorge Macri. Pero también impone límites a las costas procesales y a los métodos de actualización como forma de desalentar los litigios judiciales por despido o accidentes.
En el tema de la litigiosidad puso énfasis el libertario Juan Cruz Godoy (Chaco), quien señaló que “el empleo formal privado se mantiene constante desde 2012” y lo contrastó con “los juicios laborales (que) crecieron, de 2010 a 2024, en un 135%”. “Estamos ante un sistema que creó más litigios que empleo formal”, remató.
Las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual y permite la cancelación de sentencias hasta en 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plan de pagos puede llegar a las 12 cuotas para las pymes.
El texto también reduce las indemnizaciones al acotar la base de cálculo, eliminando la consideración de las vacaciones, propinas, bonos o aguinaldo. Además, establece un tope que no podrá superar tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador.
Otro de los temas más cuestionados de la reforma laboral es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), en el que las empresas realizarán aportes mensuales que serán del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Serán una suerte de reedición de las administradoras de jubilaciones y pensiones, ya que se crearán cuentas inembargables para la cancelación del cese laboral de un empleado que serán manejadas por la Comisión Nacional de Valores.
“Esto es lo que está escondido en la modernización laboral: un curro como el FAL, que va a ir a financiar a los amigos del Presidente”, denunció la kirchnerista Ana Marks (Río Negro), quien dijo que con lo que se recaudará de los aportes que se desviarán para esos fondos “podríamos financiar a todas las universidades o pagar 10 millones de jubilaciones anuales”.
La reforma introduce severos cambios en las condiciones laborales. Flexibiliza la jornada laboral, permitiendo turnos de hasta 12 horas con igual plazo para descanso obligatorio antes de retomar las tareas y se crea el banco de horas extra, por el que el trabajador podrá acordar con su empleador la posibilidad de compensarlas con días libres. En la misma línea, se podrá negociar la fragmentación de las vacaciones.
Otro capítulo que mereció críticas fue el de la derogación de una serie de estatutos profesionales que fueron sancionados por ley en su momento. En la lista se encuentran los marcos laborales de peluqueros, periodistas, viajantes de comercio y operadores de radio y telegrafistas.