En sesión extraordinaria, el Senado provincial aprobó por unanimidad el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 32/26, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado. La medida busca reforzar estándares de transparencia y garantizar condiciones de idoneidad para quienes ejercen responsabilidades institucionales.
El senador provincial por San Martín, Manuel Pailler, respaldó en el recinto el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 32/26, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado como requisito para asumir o permanecer en cargos públicos.
Pailler detalló que las pruebas estarán destinadas a la detección de sustancias psicoactivas prohibidas y sus metabolitos, incluyendo opioides, derivados del cannabis, cocaína y otras sustancias que, sin prescripción médica debidamente acreditada, actúen sobre el sistema nervioso central y puedan generar alteraciones incompatibles con la función pública.
Según explicó, los controles podrán ser sorpresivos y se realizarán mediante pruebas rápidas homologadas, ejecutadas por personal habilitado en el lugar de trabajo del funcionario. Asimismo, subrayó que el procedimiento respetará principios como la confidencialidad, proporcionalidad, no discriminación, protección de datos personales, derecho de defensa, debido proceso y legalidad.
Por otro lado, el senador provincial de La Libertad Avanza, Roque Cornejo Avellaneda, remarcó que el bloque acompañará el Decreto de Necesidad y Urgencia y planteó cuestionamientos sobre la aplicación práctica de la norma. Señaló que el decreto fija principios generales —como que los exámenes sean sorpresivos y rápidos— pero no especifica con claridad el procedimiento.
Asimismo, pidió precisiones sobre el tipo de test que se aplicará —si implicará extracción de sangre, orina o cabello— y sobre los riesgos de falsos positivos o falsos negativos, tema que, según indicó, fue planteado por especialistas en comisión.
En tanto, Leonor Minetti, de Rosario de Lerma, remarcó que el consumo de sustancias puede afectar la toma de decisiones que impactan en la ciudadanía y en los bienes del Estado, y destacó que la posibilidad de controles sorpresivos apunta a generar conciencia, responsabilidad y reducir riesgos en la administración pública.
Con media sanción del Senado, el proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados, donde continuará el debate sobre los alcances y la reglamentación de una medida que abre una nueva etapa en los mecanismos de control sobre la dirigencia pública salteña