El Foro de Seguridad Rural Argentino repudió con dureza las declaraciones del intendente de la localidad pampeana de La Maruja, Gustavo Cein, luego de que el jefe comunal afirmara públicamente, mientras criticó al gobierno de Javier Milei, que en esa zona “la gente sale a cazar para traer proteína a su casa”. La entidad consideró que esos dichos, formulados a La Arena, constituyen una peligrosa relativización del delito en una provincia donde el furtivismo es uno de los principales problemas que enfrentan los productores.
A través de un comunicado, la organización ruralista manifestó su rechazo a las expresiones del funcionario y advirtió sobre el impacto institucional que pueden tener ese tipo de manifestaciones cuando provienen de una autoridad pública.
En el documento difundido, el Foro sostuvo que “dichas expresiones no solo son irresponsables, sino que constituyen una gravísima legitimación de conductas ilícitas”. La entidad remarcó que el contexto en el que se produjeron las declaraciones agrava aún más la situación.
“En un contexto donde el furtivismo es uno de los delitos rurales más extendidos en La Pampa, naturalizar la caza ilegal equivale a enviar un mensaje de tolerancia frente al delito”, remarcaron en la agrupación.
El comunicado fue más allá y planteó que el problema no puede abordarse desde una mirada social que justifique la ilegalidad. “El ingreso clandestino a campos privados con perros y armas no es una necesidad social, es un delito”, subrayaron.
En ese sentido, enumeraron las consecuencias concretas que, según sostienen, genera el furtivismo en el ámbito rural: “Es violación de la propiedad privada. Es destrucción de instalaciones. Es muerte de animales productivos. Es riesgo concreto para trabajadores rurales y sus familias. Los daños económicos y emocionales que estas prácticas generan en los productores son profundos y reiterados”.
La entidad que nuclea a productores y actores vinculados a la seguridad en el ámbito rural enfatizó: “Resulta inadmisible que un funcionario público, investido de autoridad y responsabilidad institucional, relativice o justifique conductas que la ley tipifica claramente como ilícitas”.
En el mismo documento, el Foro reclamó una postura activa por parte de las autoridades competentes frente a los delitos rurales. “Las autoridades deben prevenir el delito, no minimizarlo ni ofrecer argumentos que puedan interpretarse como su validación”, afirmaron.
Asimismo, exigieron acciones concretas para enfrentar el problema. “Exigimos a los poderes competentes que se expresen con claridad en defensa de la legalidad, refuercen los controles rurales y promuevan acciones concretas contra el furtivismo”, indicaron.
El pronunciamiento también incluyó un llamado a la prudencia y responsabilidad en el uso de la palabra pública, particularmente cuando se trata de temas sensibles para el interior productivo. Reclamaron “responsabilidad institucional en el uso de la palabra pública, especialmente cuando está en juego la seguridad y el trabajo de miles de productores”.
En ese marco, el Foro dejó en claro que no tolerará discursos que, a su entender, relativicen el problema. “No aceptaremos ningún discurso que, directa o indirectamente, legitime prácticas ilegales que perjudican gravemente a la comunidad rural”, concluyeron.
El episodio vuelve a poner en agenda la problemática del delito rural en La Pampa y en otras provincias y reaviva el reclamo del sector productivo por mayores controles, respaldo político y una posición clara de las autoridades frente a prácticas que, según denunciaron, se han vuelto reiteradas.