La presentación alcanza al actual intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, y al ex jefe comunal y actual diputado nacional, Juan Pablo Luque. Asimismo, la denuncia se extiende a “todos los intendentes que tuvieran conocimiento y responsabilidad en los hechos”, así como a los funcionarios que hayan intervenido durante los distintos períodos de gestión.
Consultado al respecto, Sicilia sostuvo que, desde el momento del derrumbe, “la Municipalidad lo único que hizo fue hablar, pero acciones concretas no hubo ninguna”, y remarcó que todavía hay familias que no pueden ingresar a sus viviendas para retirar las pertenencias.
Advertencias previas y presunta omisión
Según explicó también el abogado, la denuncia se apoya en antecedentes técnicos que advertían sobre la inestabilidad del terreno donde se desarrolló el barrio.
En particular, el escrito cita un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) del año 2002, en el que se alertaba sobre los riesgos de continuar urbanizando el sector, dado que las construcciones se realizaban sobre materiales naturalmente removidos y con presencia de cavidades subterráneas.
“Desde hace más de veinte años existían advertencias técnicas claras sobre la peligrosidad del lugar”, afirmó Sicilia, quien señaló que, a su entender, las autoridades “hicieron caso omiso” a esas recomendaciones y no adoptaron medidas de prevención, control o prohibición de nuevas construcciones.
Los delitos denunciados
La presentación penal invoca los delitos de:
• Violación de los deberes de funcionario público (arts. 248 y 249 del Código Penal)
• Abuso de autoridad
• Estrago culposo por poner en riesgo la vida de las personas
Todo ello en concurso real, sin perjuicio de que la calificación legal pueda modificarse a lo largo de la investigación.
En el escrito también se sostiene que, pese al conocimiento previo sobre la inestabilidad de las tierras, se habría permitido y fomentado el asentamiento de viviendas en el sector