El concejal Leandro Costa Brutten presentó nuevas pruebas ante la Fiscalía y apuntó contra el Ejecutivo local por aumentos de hasta el 1000% sin respaldo legal. El Municipio reconoció inconsistencias en algunas liquidaciones
De acuerdo con el escrito ingresado en la Fiscalía, miles de contribuyentes comenzaron a recibir liquidaciones con incrementos extraordinarios, en algunos casos superiores al 1000%, sin que exista una ordenanza que respalde esas subas ni una justificación técnica que las explique. Según el planteo, los aumentos fueron implementados mediante decisiones administrativas internas del Departamento Ejecutivo, eludiendo el principio de legalidad tributaria que establece que cualquier modificación impositiva debe ser aprobada por el Concejo Municipal.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es que, pese a que el propio intendente anunció en enero la derogación de una resolución que intentaba habilitar esos incrementos, las subas igualmente fueron aplicadas en las boletas emitidas y cobradas. Para Costa Brutten, esto configura una maniobra que permitió exigir montos “sin causa legal válida”, trasladando el impacto directamente a vecinos y comerciantes.
Como hecho nuevo, la ampliación incorpora una publicación periodística en la que la Secretaría de Hacienda reconoce que hubo liquidaciones con aumentos incorrectos y que los contribuyentes deben reclamar de manera individual para revisar sus casos. El concejal interpretó esa admisión como una confirmación de que existieron irregularidades generalizadas. “El Estado cobra primero y obliga al vecino a defenderse después”, cuestionó.
El planteo también incluye críticas al incremento del presupuesto del área de Legales del municipio, que, según el edil, habría crecido un 638%. A su entender, esto refuerza la capacidad del Ejecutivo para avanzar judicialmente contra contribuyentes que no puedan afrontar los montos reclamados, en un contexto que calificó como de “endeudamiento injustificado”.
La presentación solicita a la Fiscalía que avance con la investigación, cite a declarar a los funcionarios involucrados y determine si el sistema tributario municipal fue utilizado para aplicar sobrecostos sin sustento normativo. Mientras tanto, el caso suma tensión política en Bariloche y abre interrogantes sobre la legalidad de las liquidaciones emitidas y el impacto económico sobre la comunidad