La implementación de la tasa de mantenimiento vial sobre el combustible por parte de la Municipalidad de Ramallo comenzó a generar ingresos, aunque lejos de despejar los interrogantes sobre su verdadero alcance, su destino concreto y su efectividad para mejorar el estado de calles y caminos del distrito.
Desde el Ejecutivo local aseguran que la recaudación se encuentra “dentro de lo previsto”. Sin embargo, el inicio del cobro se da en un contexto de caída del consumo, deterioro del poder adquisitivo y crecientes dificultades económicas para los vecinos, que terminan absorbiendo un nuevo costo en cada carga de combustible.
El secretario de Hacienda, Lucas Reyik, explicó que las estaciones de servicio comenzaron a transferir los fondos en febrero, principalmente las pertenecientes a YPF, ubicadas sobre la Ruta 9, Villa Ramallo y Pérez Millán. Según indicó, el resto de las bocas de expendio fue incorporándose progresivamente al sistema.
El funcionario remarcó que se trata de una percepción directa sobre el precio del combustible con destino específico al mantenimiento vial. No obstante, reconoció que todavía no existe una planificación detallada sobre cómo se aplicarán esos recursos. “Después tenemos que evaluar bien el promedio de recaudación para definir cómo lo vamos a aplicar”, admitió.
Esa falta de definiciones concretas genera cuestionamientos, especialmente en un distrito donde numerosos caminos rurales, calles urbanas y accesos barriales continúan presentando un marcado deterioro. Hasta el momento, no se han informado públicamente planes, cronogramas ni montos asignados a obras específicas financiadas con esta tasa.
A su vez, Reyik reconoció que el consumo de combustibles cayó cerca de un 20% en enero respecto del año anterior, lo que limita el volumen real de fondos recaudados. Pese a ello, desde el área económica insisten en que la recaudación podría sostenerse durante el año, una afirmación que contrasta con el escenario económico general.
Un municipio sin margen
En paralelo, el intendente Mauro Poletti volvió a referirse a la delicada situación financiera del Municipio y al conflicto con la empresa Ternium Siderar, que continúa abonando solo el 25% de la tasa municipal.
Poletti se mostró optimista respecto a una posible resolución en los próximos meses, aunque sin precisar avances concretos. “Creo que en marzo o abril ya tiene que estar resuelto”, expresó, en una frase que refleja más expectativa que certezas.
El jefe comunal señaló que cualquier acuerdo estará supeditado a garantizar la gobernabilidad y el sostenimiento de áreas clave como seguridad, salud, educación y obra pública. Sin embargo, en la práctica, el municipio continúa operando con recursos ajustados y sin margen para ampliar inversiones.
Desde Hacienda, Reyik advirtió que la baja en la recaudación nacional y provincial impacta directamente en los fondos que recibe Ramallo por coparticipación. A eso se suma la reducción del coeficiente de distribución y los problemas técnicos que demoraron el envío de boletas, generando atrasos en los pagos.
Más presión sobre los vecinos
En este contexto, la tasa vial aparece como una herramienta de emergencia más que como parte de una política integral de infraestructura. Lejos de representar una solución estructural, traslada parte del peso del déficit a los contribuyentes, sin que exista, por ahora, una rendición clara sobre su uso.
Mientras el Ejecutivo sostiene que los ingresos “acompañan a los gastos”, la realidad muestra un municipio atrapado en un equilibrio frágil, condicionado por conflictos judiciales, caída de recursos y falta de planificación a largo plazo.
La creación de nuevos tributos, sin una mejora visible en los servicios, profundiza el malestar social y alimenta las dudas sobre la eficiencia del manejo financiero. La tasa vial, presentada como una herramienta clave para mejorar la transitabilidad, corre el riesgo de convertirse en otro impuesto más, sin impacto tangible en la vida cotidiana de los vecinos.