En apenas tres meses, la industria minera argentina acumuló tres anuncios de alto impacto para la producción de cobre. Primero, Mendoza habilitó la actividad tras 25 años de prohibición. Luego, la suiza Glencore confirmó la reactivación de Bajo de la Alumbrera, el último yacimiento que produjo cobre en el país y que había cesado sus operaciones en 2018. Finalmente, ayer se anunció una inversión inicial de US$7000 millones para el megaproyecto Vicuña, en San Juan, que se perfila como el mayor desarrollo cuprífero de la Argentina. Hoy, el presidente Javier Milei recibió a Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.
Solo estos tres emprendimientos concentran inversiones previstas por al menos US$10.000 millones en los próximos tres años.
Dos factores explican la aceleración. Por un lado, la transición energética impulsa una demanda global creciente de cobre. Por otro, el cambio de rumbo económico en la Argentina y la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) —que reduce la carga impositiva a niveles similares a los de países vecinos y aporta mayor previsibilidad cambiaria— mejoraron el clima para proyectos de gran escala.
El potencial para la economía local es significativo. A modo de referencia, Chile exportó en 2025 unos US$55.188 millones en cobre, mientras que Perú alcanzó los US$27.223 millones, según la consultora Invecq. Un desarrollo sostenido del sector en la Argentina podría equivaler, en generación de divisas, a sumar al menos un nuevo complejo agrícola.
El contexto internacional también juega a favor. El precio del cobre se mantiene en niveles históricamente elevados: llegó a tocar los US$6,03 por libra y actualmente ronda los US$5,82. La demanda global se ubica entre 25 y 26 millones de toneladas anuales. Chile, líder mundial, produce alrededor de 6 millones de toneladas, volumen que consolidó con un precio promedio histórico cercano a US$3,20 por libra.
El cobre es el conductor eléctrico más eficiente después del oro y la plata, pero, a diferencia de estos metales, es abundante y accesible. Es clave en la “última milla” eléctrica, en los vehículos eléctricos, en las energías renovables y en la infraestructura de centros de datos, cuya expansión se aceleró con el avance de la inteligencia artificial. Las nuevas necesidades de electrificación anticipan un salto en la demanda: de las actuales 26 millones de toneladas a más de 35 millones en menos de una década.
En el sector estiman que hacia 2035 podría registrarse un déficit cercano a los 5 millones de toneladas, lo que permitiría sostener precios elevados en el mediano plazo.
En este escenario de renovado interés, la legislatura de Mendoza habilitó en diciembre pasado la producción de cobre. Aunque el proyecto inicial es de escala moderada, se espera que la reactivación minera genere un efecto contagio en otras provincias, especialmente en Chubut, que posee una de las mayores reservas de plata del mundo. El proyecto PSJ Cobre Mendocino, ubicado casi en el límite con San Juan, requerirá una inversión inicial de US$560 millones y prevé comenzar a producir en 2028.
Ese mismo mes, Glencore anunció la reactivación de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, la última mina de cobre a gran escala del país, cerrada en 2018 tras 21 años de actividad. En su pico de producción, en 2002, alcanzó las 203.700 toneladas anuales.
Según explicó la compañía, la decisión respondió a la existencia de “un régimen fiscal robusto que brinda mayor respaldo a la inversión minera en la Argentina”, sumado al sostenido aumento de los precios del cobre y el oro y a las perspectivas favorables para ambos minerales.
El plan es extender la vida útil de Alumbrera entre 2028 y 2031 y luego avanzar con la explotación de Agua Rica, otro yacimiento ubicado a 38 kilómetros, para aprovechar la infraestructura existente. El proyecto integrado demandará una inversión de US$4500 millones y se denomina MARA (Minera Alumbrera Agua Rica), ya que combina ambos depósitos.
Además, Glencore tiene en carpeta El Pachón, en San Juan, que requeriría inversiones por US$9000 millones. Para avanzar, será clave la discusión sobre la ley de Glaciares, que busca clarificar el alcance de los glaciares y las geoformas periglaciares mediante la delegación de esa potestad a las provincias.
Ayer se sumó otra noticia de relevancia internacional: la confirmación de una inversión inicial de US$7000 millones para desarrollar el proyecto binacional Vicuña, que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan. Se calcula que la vida útil de todo el proyecto podría sumar desembolsos por US$18.000 millones.
Detrás del megaproyecto están dos de las mayores mineras del mundo: la australiana BHP —operadora en Chile de La Escondida, el mayor yacimiento de cobre del planeta— y la canadiense Lundin Mining. Ambas se asociaron en julio de 2024 para desarrollar Vicuña.
Se prevé que el complejo se ubique entre las cinco principales operaciones de cobre, oro y plata del mundo. Durante sus primeros 25 años completos, proyecta una producción anual promedio de 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.
“El cobre representa el principal salto potencial. Mientras países como Chile y Perú construyeron buena parte de su estabilidad macroeconómica a partir de este mineral, la Argentina quedó prácticamente al margen, con una producción marginal y sin capacidad de aprovechar una demanda global en fuerte expansión vinculada a la electrificación, las energías renovables y la movilidad eléctrica”, dijo Invecq.
Además de estos proyectos mencionados, se destacan también Los Azules, de McEwen Inc. (San Juan), y Taca Taca, de First Quantum Minerals (Salta).
En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron los US$6037 millones, el nivel más alto de la historia, con un crecimiento del 70% respecto de 2015. Representaron casi el 7% de las ventas externas totales del país. Sin embargo, la minería aún explica menos del 1% del PBI argentino, pese a que la Argentina concentra una porción relevante de los recursos minerales globales, según Invecq.
