La Constitución de Mendoza representa hoy una batalla silenciosa en busca de reformar una carta magna que data de 1916 y que muestra la intención del Gobierno de Alfredo Cornejo de modernizarla.
Si bien hoy el debate se encuentra en un impasse como respuesta al temor del oficialismo de que un plebiscito se transforme en un voto castigo, es un tema que se toca en los pasillos de la Legislatura local.
El punto más sensible y el que genera mayor resistencia en la oposición es la propuesta de la unicameralidad con la que se busca eliminar la división entre el Senado y la Cámara de Diputados.
El argumento que esgrimen desde el radicalismo es la necesidad de reducir el costo de la política, como así también agilizar y eficientizar la sanción de leyes, algo que la oposición lee como un intento de reducir representaciones y centralizar el control legislativo en manos de los oficialismos de turno.
A lo antedicho se suma el reclamo por la autonomía municipal con la excusa de que los intendentes mendocinos dependen del Gobierno provincial para casi cualquier movimiento presupuestario ya que Mendoza es uno de los pocos distritos que no adecuó su Constitución a la reforma nacional del 1994.
En esa línea, si las Municipalidades logran dictar sus propias cartas orgánicas, ello les brindaría un poder político y financiero que causa recelo en la Casa de Gobierno ante la posibilidad de que surjan nuevos feudos en Mendoza.
A pesar de que la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) aportó marcos teóricos para dar sustento científico a la reforma, el obstáculo sigue siendo la desconfianza mutua que mantienen las Municipalidades y el Gobierno provincial.
Por otro lado, cabe destacar que la prohibición de la reelección del gobernador, una cláusula de hierro que solo Mendoza y Santa Fe mantienen, sobrevuela cada negociación.
Aunque Cornejo insistió en que no busca su propia permanencia, la oposición sospecha que cualquier apertura de la Constitución podría terminar en una interpretación judicial que habilite un nuevo mandato.
El escenario político y social vuelve a este debate mucho más complejo, ya que la necesidad de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras obliga al oficialismo a un consenso que hoy parece lejano, especialmente con una oposición fragmentada pero unida en el rechazo a darle una victoria política de tal magnitud al radicalismo.
Mientras tanto, la provincia sigue funcionando con una normativa diseñada hace más de un siglo, cuando la realidad social, económica y tecnológica de Mendoza era completamente diferente.
La disyuntiva en este punto es que, o se avanza hacia una reforma que modernice la estructura del poder local, o se mantiene el statu quo como una forma de preservar el equilibrio institucional frente a los personalismos.
Por ahora, el proyecto descansa en un cajón, esperando que el clima social mejore para que el llamado a las urnas en un necesario plebiscito no sea un bumerán para el oficialismo.
Con este panorama, la política mendocina en su totalidad tiene en cuenta que tocar la Constitución significa redefinir quién tendrá el poder real en la provincia las próximas décadas