Jorge Crespo consideró no hay elementos para que la Justicia evalúe y resuelva el litigio como un «conflicto de poderes». Criticó por igual las posturas del Ejecutivo y del Deliberante.
La confrontación abierta que el intendente de Jacobacci José Mellado mantiene desde el año pasado con el Concejo Deliberante de ese municipio le deparó un primer revés en la Justicia, con el dictamen emitido por el procurador general Jorge Crespo, quien opinó que la Justicia no debe involucrarse en el litigio.
La última palabra la tendrá el Superior Tribunal de Justicia, que en diciembre pasado declaró abierto un proceso por “conflicto de poderes” entre ambas instancias de gobierno. El dictamen no es vinculante, pero anticipa las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para lograr que la Justicia declare inconstitucionales varias ordenanzas aprobadas y ratificadas por el Concejo, porque habrían invadido sus atribuciones.
Crespo señaló que las siete ordenanzas del conflicto no pueden ser analizadas de manera unificada porque “no están vinculadas estrictamente entre sí, aunque todas ellas evidencien el trasfondo de un conflicto interno municipal” de tipo político, y advirtió también “una grave y confusa inconsistencia de los planteos esbozados” por las partes.
Mellado vetó varias de las ordenanzas que consideró invasivas de su potestad como titular del Ejecutivo, pero el Concejo las confirmó con mayoría agravada de cuatro votos sobre cinco. El intendente desde entonces se negó a publicarlas y a ponerlas en vigencia.
Para Crespo los defectos de ese trámite, al quedar incompleto, también entorpecen la evaluación sobre su constitucionalidad.
El Concejo jacobaccino está presidido por Mirko Antehuil, electo por el PJ y lo integran también otros dos concejales opositores y dos que responden a Mellado (JSRN). Al estar en minoría, el intendente mantuvo una relación conflictiva con el legislativo desde el inicio de su gestión y ya entabló un litigio judicial en 2024 cuando convocaron por ordenanza a un plebiscito sobre el proyecto minero Calcatreu. En aquel caso el STJ le dio la razón.
Entre las siete ordenanzas cuestionadas hay algunas que hacen al refuerzo de la autonomía del Concejo (como la que lo habilita a generar un CUIT y una cuenta propia donde recibir su presupuesto) así como el derecho a ser informado en forma fehaciente y certificada de todas las resoluciones del Ejecutivo.
Otras dan de baja las contrataciones de personal y becas resueltas por Mellado en vísperas de las últimas elecciones, y también prohíben las compras y contrataciones a proveedores que sean familiares de los funcionarios municipales.
Para el procurador fue “defectuoso” el proceso de gestación de las ordenanzas objeto de disputa, lo cual “impide considerar las ordenanzas cuestionadas no solo como vigentes, sino también como eficaces, impidiendo así recurrir al mecanismo de solución judicial”.
Reproches por igual para todos
Si el dictamen de la procuración es validado por el STJ frustrará el intento del jefe comunal de lograr un pronunciamiento judicial sobre la legitimidad de las ordenanza. Pero en realidad cuestiona por igual los planteos y argumentos expuestos tanto por el Ejecutivo como por el Concejo de Jacobacci.
“No puede convertirse el Poder Judicial en el campo de batalla donde las discrepancia de pensamiento entre las autoridades municipales se defina”, escribió Crespo.
Agregó que “la judicialización de un conflicto de poderes no puede tener como objeto dirimir desacuerdos institucionales de manera preventiva, en clara referencia a la falta de eficacia y validez de las siete ordenanzas que constituyen la pretensión”.
El procurador observó que la falta de publicación de las ordenanzas en el Boletín Oficial, como requisito indispensable para tornarlas obligatorias, es un incumplimiento en primer lugar del intendente, pero también del presidente del Concejo, que tiene facultades para hacerlo por su cuenta.
Por si no había quedado claro en los párrafos previos, Crespo aclaró que su rechazo al propósito del intendente en buscar respaldo de la Justicia “no implica de manera alguna dar la razón al Concejo Deliberante”, ya que no ingresó en un análisis de fondo sobre el conflicto de poderes y competencias.
Consideró en consecuencia que dada “la ausencia de un caso concreto y vigente”, como exige la jurisprudencia para fallar en un conflicto de poderes, “el planteo esgrimido carece de los requisitos necesarios para que se justifique la intervención del STJ”.
Si el máximo tribunal acepta ese criterio solo quedaría como alternativa viable la propuesta del presidente del Concejo en su escrito de descargo ante la justicia, donde solicitó que que “se disponga un plazo a los fines de que ambos poderes puedan de manera político institucional resolver las cuestiones planteadas, evitando la judicialización”