Por: Extremo Minero
La iniciativa, impulsada por la Sociedad Rural de Puerto Deseado y expuesta ante autoridades nacionales y provinciales, propone desarrollar protocolos técnicos junto al INTA para certificar bonos de carbono derivados del manejo sustentable del pastizal natural. El objetivo es que las empresas extractivas que operan en la provincia puedan compensar su huella ambiental adquiriendo créditos generados dentro del propio territorio, bajo estándares nacionales e internacionales como la metodología Verra VM0042 para carbono en suelos.
En diálogo exclusivo con Extremo Minero, Sebastián Apesteguía —referente de CRA y FIAS en Puerto Deseado e impulsor del proyecto— explicó el espíritu de la propuesta:
“Muchas veces se dice que el productor solamente expone los problemas. Esta vez quisimos ir más allá y presentar una herramienta concreta, medible y certificable que genere valor real en Santa Cruz”.
Los estudios preliminares indican que, bajo esquemas de manejo regenerativo, los pastizales patagónicos podrían capturar entre 0,2 y 0,5 toneladas de CO₂ por hectárea por año. En establecimientos tipo de 20.000 hectáreas, el potencial de generación de créditos adquiere escala económica relevante, especialmente si se consolida un mercado provincial de compensación con demanda estable por parte de operaciones mineras y petroleras que requieren fortalecer su desempeño ambiental y su licencia social.
“Si las empresas mineras o petroleras necesitan compensar su huella, ¿por qué no hacerlo con bonos generados acá? Tenemos el territorio, tenemos el pastizal y tenemos la capacidad técnica para hacerlo bien”, sostuvo.
El corredor estratégico sobre la Ruta Nacional N°3
Uno de los ejes técnicos centrales es la instalación de un corredor de aproximadamente 250 a 300 kilómetros a lo largo de la Ruta Nacional N°3, desde Caleta Olivia hacia el norte de San Julián. El diseño contempla un alambrado perimetral de 2 metros de altura —frente al estándar tradicional de 1,10 metros— con materiales de alta durabilidad como quebracho colorado o tubing petrolero recuperado, proyectado para una vida útil de 50 años.
La infraestructura incluye aperturas periódicas o “ecoductos” cada 5 a 10 kilómetros para mantener la conectividad biológica y permitir monitoreo técnico permanente. El planteo no es de aislamiento, sino de ordenamiento territorial.
El problema de base es conocido en el sector: la expansión de la población de guanacos, que compite por el mismo recurso forrajero que el ovino, supera alambrados convencionales e impide el descanso del pastizal necesario para un manejo regenerativo. A ello se suma la presión de depredadores como puma y zorro colorado, en un marco regulatorio más restrictivo para el control letal.
El proyecto no propone erradicar fauna silvestre, sino administrarla bajo normativa vigente —como la Disposición Nacional N° 812/2024 y la Resolución Provincial N° 246/2022— estableciendo un umbral del 10% de carga equivalente ovina para guanacos y habilitando el aprovechamiento regulado de excedentes (esquila en vivo y faena con destino exportación). La incorporación de perros protectores permitiría reducir hasta un 90% la depredación sin métodos letales, abriendo incluso la posibilidad de certificaciones “predator friendly” orientadas a mercados premium.
Financiamiento: valor producto para el productor y esquema compartido para la barrera
En materia financiera, Apesteguía precisó un punto clave. El esquema de repago a valor producto está pensado específicamente para el productor, tomando como referencia herramientas históricas de la Ley Ovina y mecanismos que aplica el BICE en otras actividades agrícolas. Bajo esta modalidad, los créditos se estructuran en función del valor del producto y no en moneda corriente, permitiendo amortizaciones en kilos de lana, carne o carbono. Se trata de una cobertura natural frente a la inflación y la volatilidad de precios.
La infraestructura del corredor, en cambio, no recaería exclusivamente sobre el sector rural. La propuesta contempla un financiamiento compartido entre productores, industria (minera y petrolera) y el Estado. La lógica es de corresponsabilidad territorial: la barrera mejora la productividad ganadera, contribuye a la regeneración ambiental, reduce riesgos viales y fortalece el ordenamiento del territorio. Por lo tanto, su costo debe distribuirse entre los actores que también se benefician directa e indirectamente de su implementación.
La utilización de la Zona Franca de Caleta Olivia permitiría reducir entre 35% y 40% el costo de insumos tecnológicos importados, mejorando la ecuación económica general del proyecto.
Integración productiva y mercado de carbono local
Consultado sobre la relación con la minería, Apesteguía fue claro:
“La minería tiene su marco legal y su dinámica propia. Lo que proponemos no es frenar nada, sino generar una sinergia inteligente. Que el desarrollo de una actividad también fortalezca a la otra”.
Empresas mineras y operadoras petroleras que requieren compensaciones ambientales podrían convertirse en demandantes naturales de créditos bajo un esquema de “insetting” provincial, reteniendo en Santa Cruz parte de los recursos que hoy se canalizan hacia mercados internacionales.
En términos estructurales, la ganadería incorpora así una nueva unidad de negocio vinculada a servicios ecosistémicos medibles, auditables y certificados. La trazabilidad digital mediante monitoreo satelital, RFID y registros en blockchain forma parte del diseño técnico para garantizar transparencia y validación internacional.
“La minería y el petróleo tienen ciclos. La ganadería queda. Si no hacemos cambios estructurales ahora, se nos va a complicar muchísimo sostener la producción ovina en el tiempo”, advirtió.
Próximas etapas
El siguiente paso será conformar una mesa interinstitucional con participación del Consejo Agrario Provincial, el Gobierno de Santa Cruz, legisladores y organismos técnicos. La meta es estructurar un mercado formal de bonos de carbono con sello santacruceño, protocolos adaptados a la Patagonia austral y validación internacional.
El proyecto se apoya en un horizonte de inversión de 50 años, equivalente a la vida útil de la infraestructura y al tiempo necesario para recuperar y capitalizar el capital natural. En un escenario de estrés hídrico crónico y degradación de suelos, la propuesta plantea una premisa concreta: la sustentabilidad puede transformarse en un activo económico estratégico.
Quién es Sebastián Apesteguía
Sebastián Ariel Apesteguía es tercera generación de productores en el establecimiento “La Rufina”, de 37.500 hectáreas en la meseta central patagónica, sobre la Ruta 281, a 70 kilómetros de Puerto Deseado. En condiciones climáticas exigentes —150 a 220 milímetros de precipitación anual— conduce una explotación ovina extensiva con aproximadamente 5.000 animales.
Bajo su gestión incorporó certificación orgánica OIA, genética Merino multipropósito, estudios técnicos de pastizales, esquila preparto, acueductos con bombas solares y estándares de bienestar animal certificados, logrando diferenciales económicos del 8 al 10% respecto del producto convencional.
En el plano institucional preside FIAS desde 2021, es vicepresidente de la Sociedad Rural de Puerto Deseado, representante ante el Consejo Agrario Provincial y participa en ámbitos nacionales como CRA y la Mesa Ovina. Su perfil combina gestión territorial, impulso a la sostenibilidad productiva y articulación intersectorial con visión de largo plazo.
La iniciativa que hoy impulsa no se define como un proyecto de cierre, sino como un modelo de integración: infraestructura estratégica, economía del carbono, financiamiento adaptado a la realidad productiva y una nueva arquitectura donde campo, minería y petróleo puedan coexistir bajo parámetros ambientales medibles y económicamente viables