En Santa Cruz, después de más de tres décadas de actividad minera continua, la discusión sobre inversión social y valor compartido dejó de ser conceptual para convertirse en un eje operativo. La provincia ha construido una parte sustantiva de su dinámica económica, fiscal y laboral en torno a la minería, pero el vínculo entre empresas y comunidades aún refleja una fuerte impronta asistencial.
Por: Extremo Minero
Durante años, la inversión social tradicional —infraestructura, aportes a instituciones, financiamiento de eventos, apoyo sanitario o educativo— ha cumplido un rol relevante para atender urgencias y amortiguar déficits estructurales. Sin embargo, ese modelo, centrado en la compensación y no necesariamente en la integración estratégica, muestra límites evidentes cuando la relación depende del flujo de recursos y no de la construcción de capacidades territoriales.
El especialista en relacionamiento comunitario José Robles Rivera aporta una mirada que ordena esta discusión desde una perspectiva técnica. Retomando los planteos de Michael Porter y Mark Kramer, sostiene que el paradigma clásico de Responsabilidad Social Empresarial está siendo superado por la lógica de Creación de Valor Compartido. La diferencia no es semántica: mientras la inversión social tradicional atiende brechas visibles con lógica transaccional y de corto plazo, el valor compartido integra la dimensión social al núcleo del negocio.
En el primer caso, la empresa responde a déficits. En el segundo, gestiona expectativas, integra proveedores locales —urbanos e indígenas— a la cadena de valor, desarrolla gobernanza territorial y anticipa riesgos sociales. El éxito deja de medirse por montos ejecutados y comienza a evaluarse por legitimidad alcanzada y estabilidad operativa lograda.
En una provincia como Santa Cruz, donde existen más de 30 años de minería metalífera, el balance es mixto. Se han generado empleo, regalías y actividad económica sostenida. También se avanzó en capacitación, contratación local y fortalecimiento de algunos eslabones productivos. Pero aún predomina, en muchos casos, una dinámica donde la empresa compensa y el territorio demanda, más que una construcción conjunta de competitividad regional. Cuando el vínculo depende del aporte coyuntural, la fragilidad permanece: si no hay recursos, la tensión reaparece.
Quién es José Robles Rivera
La trayectoria de Robles Rivera aporta elementos concretos a esta discusión. Ingeniero Comercial y Magíster en Dirección de Empresas por la Universidad de Chile, con más de 25 años de experiencia en minería y energía, ha trabajado bajo estándares internacionales como IFC, ICMM y el Convenio 169 de la OIT, además de participar en procesos de medio humano asociados a DIA y EIA.
Actualmente se desempeña como Consultor Senior de Gestión en Fundación Factor de Cambio, donde desarrolla planes de relacionamiento comunitario, supervisa estudios de línea base social y territorial, diseña modelos de gobernanza y fortalece esquemas de proveedores locales. Su trabajo incluye la aplicación de la Ley de Caletas en modelos de negocio, asesoría en análisis prospectivo para organizaciones sin fines de lucro y elaboración de informes de identificación de grupos de interés para anticipar riesgos comunitarios.
En su paso por SQM Yodo Nutrición Vegetal como Subgerente de Relaciones Comunitarias, diseñó la primera matriz de riesgo social de la gerencia de Asuntos Públicos, implementó estrategias de negociación con grupos de alto riesgo en contextos de crisis y participó en procesos de Participación Ciudadana Anticipada para proyectos sometidos a evaluación ambiental. También integró la dimensión social a compromisos ambientales voluntarios asociados a RCA, desarrollando auditorías y sistemas de seguimiento.
Su experiencia incluye la gerencia general de la Asociación de Industriales de Mejillones, donde impulsó estrategias de relacionamiento e inversión comunal, desarrollo de proveedores locales, participación en instrumentos de planificación territorial y articulación público-privada en temas como hidrógeno verde y cambio climático. A lo largo de su carrera, ha liderado programas financiados por CORFO y fondos públicos, dirigido centros de desarrollo de negocios y participado en iniciativas de innovación y reconstrucción territorial vinculadas a la minería.
La experiencia comparada muestra que la inversión social puede apagar el incendio de la coyuntura, pero el valor compartido evita el conflicto estructural. En Santa Cruz, la transición hacia ese segundo modelo aún está en proceso. El desafío no es menor: implica pasar de la lógica del aporte a la lógica de integración productiva, de la contención a la gobernanza, de la compensación a la competitividad territorial.
En un contexto donde los estándares ESG pesan en el acceso al financiamiento y donde cualquier conflicto puede paralizar operaciones de alto impacto económico, la licencia social ya no es un intangible discursivo. Es un activo estratégico.
Tras más de 30 años de minería, Santa Cruz enfrenta una pregunta decisiva: ¿seguirá administrando tensiones con inversión asistencial o consolidará un modelo de valor compartido que garantice estabilidad más allá del ciclo de cada proyecto?