Mientras la Fiscalía avanza en una investigación por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública, en el Concejo Deliberante de Plottier comenzó el análisis sobre los pasos institucionales que deberían seguirse en caso de que el intendente Luis Bertolini resulte imputado por la Justicia.
La preocupación creció luego de los allanamientos realizados el viernes pasado en la Municipalidad de Plottier, distintas dependencias oficiales y en el domicilio particular del jefe comunal. El procedimiento fue encabezado por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una causa que investiga posibles delitos contra la administración pública.
El fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, confirmó que durante los allanamientos se secuestró documentación y otros elementos considerados relevantes para la investigación, que se inició a partir de una denuncia presentada por un vecino a mediados de enero.
Según explicó el fiscal, la denuncia puso en conocimiento dos situaciones que, en principio, podrían configurar irregularidades. Uno de los ejes de la causa está vinculado a un decreto firmado por el intendente mediante el cual se habría eximido del pago de tasas municipales a un grupo de contribuyentes del barrio privado Los Canales durante el primer semestre de 2025.
El segundo eje se centra en la contratación de una empresa privada para la ejecución de obras públicas. De acuerdo con la presentación judicial, podría tratarse de una negociación incompatible, ya que uno de los socios de la empresa Valco sería hijo de la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez. Desde la Fiscalía se indicó que la firma estaría integrada por dos personas, entre ellas el hijo de la funcionaria, y que además no contaría con CUIT habilitado.
Si la investigación avanza y el fiscal decide imputar al intendente, se abriría un escenario institucional inédito para la ciudad. Aunque no existen antecedentes similares en Plottier, la Carta Orgánica Municipal establece los mecanismos a seguir ante la eventual suspensión o vacancia del cargo.
Qué establece la Carta Orgánica
El artículo 38 de la Carta Orgánica de Plottier señala que, ante la vacancia definitiva del cargo de intendente -ya sea por renuncia, destitución, muerte, inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente- y cuando resten menos de dos años para finalizar el mandato, deberá asumir la presidencia del Concejo Deliberante hasta completar el período.
En ese marco, si la Justicia notificara al Concejo Deliberante sobre una imputación y se resolviera el apartamiento del intendente, quien debería quedar a cargo del Ejecutivo municipal sería la actual presidenta del cuerpo legislativo, Malena Resa, electa por unanimidad en febrero del año pasado.
Sin embargo, el Concejo Deliberante renueva sus autoridades cada febrero. Por ese motivo, si la definición judicial no se produce en lo inmediato, el eventual reemplazo del intendente quedaría en manos de quien resulte elegido o elegida como presidente o presidenta del cuerpo en la próxima sesión preparatoria.
Hasta el momento no fue convocada formalmente la sesión preparatoria del Concejo, aunque se prevé que se realice luego del fin de semana largo de Carnaval. La Carta Orgánica establece que esa sesión debe convocarse después del 15 de febrero. El año pasado, las instancias de sesión preparatoria y apertura de sesiones se realizaron los días 18 y 21 de febrero, respectivamente.
Suspensión preventiva
Además, el artículo 79 de la Carta Orgánica contempla el procedimiento ante una imputación penal. Allí se establece que, cuando se impute la comisión de un delito doloso al intendente, la suspensión preventiva procede de pleno derecho una vez que el juez interviniente dicte el auto de procesamiento.
La norma indica que la suspensión será sin goce de haberes y deberá ser dispuesta por el Concejo Deliberante con el voto de los dos tercios de sus miembros, excluido el imputado. En caso de una sentencia condenatoria firme, la destitución también procede de pleno derecho, mientras que una absolución o sobreseimiento definitivo habilita la restitución automática en el cargo.
Este artículo genera distintas interpretaciones entre los concejales. Mientras algunos consideran que ante una imputación corresponde avanzar con la suspensión, otros sostienen que la situación podría tener un trasfondo político y anticipan que no acompañarían una medida de ese tipo.
Por el momento, el escenario dependerá del avance de la investigación judicial y del análisis de las pruebas recolectadas durante los allanamientos realizados en el municipio y en otras dependencias oficiales