La reciente actualización de tasas municipales en Concordia reabrió un debate sensible. No se trata solamente de números ni de porcentajes: el eje está puesto en el contexto económico y social en el que se produce.
Comerciantes y contribuyentes advierten que el problema no es una cifra aislada, sino la acumulación de obligaciones en un escenario de bajo consumo, caída en la actividad y recursos familiares cada vez más ajustados.
A esto se suma un dato estructural que ya fue reconocido por distintos intendentes entrerrianos el año pasado: la cobrabilidad en algunos municipios no alcanza el 40%. Cuando la base contributiva es reducida, el equilibrio fiscal se vuelve más delicado.
El desafío es complejo.
Una ciudad extensa necesita sostener alumbrado, mantenimiento, servicios urbanos y asistencia social. Pero también necesita preservar su tejido comercial y no asfixiar a quienes todavía cumplen.
La pregunta no es solamente cuánto se cobra, sino cuánto se puede pagar en una comunidad con ingresos limitados.
Si una parte importante no paga y luego se recurre a moratorias, el esquema pierde previsibilidad. Y cuando el que cumple siente que carga con el peso mayor, aparece el malestar.
Concordia enfrenta un equilibrio delicado entre orden fiscal y realidad social. Gobernar no es solo cuadrar números; es entender el pulso de la calle.
Porque cuando una comunidad con dificultades económicas profundas siente que cada ajuste cae siempre sobre los mismos, el problema ya no es tributario: es de confianza.
Y sin confianza, ningún sistema de recaudación —por más ordenado que sea— logra sostenerse en el tiempo