La funcionaria explicó que el trabajo se sostiene desde hace meses dentro de la cartera productiva y responde a la situación crítica que atraviesan comercios y pymes en todo el territorio santacruceño, con caída del consumo, dificultades financieras y un aumento de embargos.

Emergencia comercial en toda la provincia

Ricci remarcó que el Gobierno provincial trabaja en la declaración de la emergencia comercial para todas las actividades y en toda Santa Cruz. Señaló que numerosos comerciantes operan al límite de su sostenibilidad y enfrentan ejecuciones fiscales que ponen en riesgo la continuidad de los negocios y los puestos de trabajo.

Ante este escenario, el Ejecutivo analiza distintas vías de solución, entre ellas planes de pago que permitan regularizar deudas y evitar consecuencias económicas mayores. La ley de emergencia económica busca brindar un marco legal que habilite herramientas inmediatas para aliviar la presión financiera sobre el sector comercial.

Un paquete de tres leyes clave

El Ministerio de la Producción definió un paquete legislativo que ingresará de manera simultánea a la Cámara de Diputados. La primera iniciativa se vincula con el alivio comercial, el sostenimiento del empleo y el fortalecimiento del Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), con el objetivo de integrar estos ejes en una misma normativa.

La segunda ley se orienta a la captación de inversiones productivas mediante un esquema similar a un “RIGI santacruceño”, pensado para proyectos que no alcanzan los umbrales del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones a nivel nacional de 200 millones de dólares.

La tercera norma apunta a atender la emergencia económica del sector comercial y pyme, en un contexto de retracción del consumo y dificultades para afrontar obligaciones fiscales y financieras.

Un “RIGI santacruceño” sin piso mínimo de inversión

El nuevo régimen de promoción de inversiones genera expectativa en el ámbito productivo. Ricci lo definió como una herramienta diseñada para inversiones que no superan los 200 millones de dólares, el piso que fija el RIGI nacional y que deja afuera a numerosos proyectos en provincias de menor escala económica como Santa Cruz.

La propuesta del Ejecutivo provincial reemplaza la actual ley de promoción industrial, que no logró los objetivos de radicación de empresas ni de generación sostenida de empleo. El nuevo esquema contempla beneficios fiscales y condiciones ligadas a la localización de las inversiones, con el fin de incentivar la instalación de proyectos productivos en distintas zonas del territorio.

A diferencia del régimen nacional, el sistema santacruceño no establece un monto mínimo de inversión. De este modo, incluye emprendimientos de menor escala y también iniciativas de mayor envergadura, tanto de empresas locales que buscan expandirse como de firmas interesadas en radicarse en la provincia. El alcance abarca sectores estratégicos como el agro, la energía y la economía del conocimiento