La minería argentina registra una suba del 70% en sus exportaciones durante la última década y alcanzó en 2025 un valor de US$6000 millones. Según un informe de la consultora Invecq, la actividad cuenta con el potencial para elevar esa cifra por encima de los US$25.000 millones anuales hacia 2035. El cumplimiento de esta proyección está sujeto a la modificación de la Ley de Glaciares y a la mejora de indicadores macroeconómicos.
El crecimiento proyectado tiene como eje principal al cobre: el país tiene un potencial de acumular exportaciones por un total de US$55.000 millones entre la actualidad y hasta 2035, siempre que los proyectos se concreten a la velocidad que prevén las empresas. Sin embargo, su ejecución enfrenta barreras normativas.
El 11 de febrero, el Senado prevé tratar una adecuación técnica de la Ley 26.639 (Ley de Glaciares) para definir con mayor precisión el ambiente periglaciar. La reforma busca fomentar la actividad productiva (tanto minera como hidrocarburífera) en las provincias de Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.
El objetivo central es atraer capitales internacionales mediante una flexibilización normativa que habilita la explotación en áreas glaciares, siempre que se determine que no cumplen una función hídrica relevante.
Bajo este nuevo criterio, la protección legal se limitará exclusivamente a los cuerpos de hielo que actúen como reservas estratégicas o alimentadores de cuencas; de no comprobarse esta función ecosistémica mediante el aval técnico del Instituto Nacional de Glaciología (Ianigla) y las provincias, los terrenos quedarán habilitados para el desarrollo de proyectos productivos.
El nudo de la controversia radica en el valor estratégico de los glaciares como reguladores hídricos en las provincias más áridas del país. Tal como publicó LA NACION, Pedro Eugenio Villagra, director del Ianigla, advirtió ante el Senado que el sistema de glaciares abastece de forma directa a más de siete millones de personas —el 18% de la población argentina—, un recurso vital que se ha visto reducido en los últimos años por la sequía y el aumento de las temperaturas globales.
Mientras que el sector científico y organizaciones ambientales denuncian una “regresión normativa” que vulnera tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú, el Gobierno y las provincias mineras argumentan que la ley actual es excesivamente restrictiva e impide al país insertarse en el mercado global de minerales críticos.
En última instancia, la discusión legislativa de febrero no solo definirá el futuro de proyectos de cobre de clase mundial como Josemaría o Los Azules, sino también quién tendrá la potestad final —si la Nación o las provincias— para determinar el valor hídrico de los cuerpos de hielo y el control sobre el acceso al agua en un contexto de crisis climática.
El factor legislativo
Santiago Bulat, economista de Invecq, explicó a LA NACION que los proyectos de cobre dependen de aclaraciones en la ley para pasar de la etapa de exploración a la de producción. “Si no avanzan los cambios, los proyectos continuarán en procesos de exploración pero no iniciarán la fase operativa”, planteó.
El economista agregó que factores como la evolución del riesgo país y el acceso al mercado de cambios para importaciones también en la decisión final de inversión.
Según el relevamiento de Invecq, la puesta en marcha de los seis grandes proyectos de cobre en etapas avanzadas —como El Pachón, Los Azules y Taca Taca— “permitiría consolidar a la minería como el tercer generador de divisas de la economía argentina”.
Por otro lado, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara de Empresas Mineras (CAEM), sostuvo: “Los recursos ya son una realidad y los principales jugadores del mundo como Broken Hill Proprietary (BHP), Rio Tinto y Glencore están en el país”.
Cacciola indicó que el 70% de los recursos de cobre conocidos se encuentra en áreas donde la interpretación actual de la ley genera incertidumbre técnica.
Las compañías reclaman eliminar las “zonas grises” de la normativa vigente. El titular de CAEM planteó que el sector “está totalmente de acuerdo con la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar que cumpla una función hídrica relevante”. No obstante, sostuvo que la ley debe incorporar aclaraciones para permitir la actividad productiva en áreas donde las prohibiciones resultan innecesarias.
La propuesta de reforma busca establecer criterios científicos para identificar qué áreas deben preservarse y cuáles permiten la actividad productiva.
La consultora Invecq señala que la actividad emplea a casi 40.000 personas de forma directa. Los salarios de esta industria superan en cuatro veces al promedio del sector privado registrado.
El impacto en la cadena de valor se refleja en la existencia de más de 16.000 empresas proveedoras de servicios. Invecq estima que estas firmas generan unos 94.000 empleos indirectos, lo que multiplica el alcance de la actividad en las comunidades locales. No obstante, el documento advierte sobre una demanda insatisfecha de mano de obra calificada no profesional en oficios, lo que representa un desafío formativo para la cooperación entre provincias, universidades y compañías.
A su vez, el trabajo de la consultora muestra un contraste con la minería no metalífera (cal, cemento y rocas), vinculada al mercado interno. Este segmento registra una caída en su nivel de actividad por el freno de la obra pública nacional. Como contrapartida, la industria destaca que la inversión privada en minería ha permitido el desarrollo de infraestructura vial y energética en zonas remotas donde, de otra forma, las obras no se habrían ejecutado.