Donaciones: denuncian en Río Negro a un intendente de Chubut y a un “periodista”

Donaciones: denuncian en Río Negro a un intendente de Chubut y a un “periodista”

INCENDIO EN CHOLILA

La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro. Acusan a Silvio Boudargham, jefe comunal de Cholila, por abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad e irregularidades durante el traslado de donaciones a Villa Lago Rivadavia. También señalan al dueño de un portal de operaciones políticas.

Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro puso bajo la lupa el accionar del intendente de Cholila, Silvio Boudargham, y de efectivos de la Policía de Chubut, a raíz de hechos ocurridos durante una campaña solidaria organizada desde Bariloche con destino a la zona de Villa Lago Rivadavia, afectada por los incendios.

La denuncia, registrada bajo el legajo MPF-BA-00368-2026, fue radicada este lunes 2 de febrero en Bariloche y tiene como objeto un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de otras conductas que, según la presentación, podrían constituir graves irregularidades institucionales.

Uno de los camiones con las donaciones que se hicieron en Bariloche.

De acuerdo al acta, la denunciante Bárbara Peralta relató que el sábado 1° de febrero un grupo de voluntarios se trasladó a la zona de Cholila para entregar donaciones recolectadas en Bariloche. Al arribar a Villa Lago Rivadavia, solicitaron autorización a una vecina para dejar un tótem de agua y estacionar el camión que transportaba la ayuda. Minutos después, se presentaron en el lugar tres móviles policiales.

Según consta en la denuncia, los efectivos informaron que actuaban por orden directa del intendente Boudargham y que debían detener a la organizadora de la colecta. Peralta señaló que no se le explicó el motivo de la medida y destacó que era la única mujer del grupo, integrado por diez choferes de camionetas y un camión.

Siempre según el relato incorporado al expediente juidicial, los policías argumentaron que el camión pertenecía al municipio de Cholila y que se estaba realizando una actividad comercial, motivo por el cual no podía continuar circulando. La denunciante negó esa versión y aseguró que el vehículo era propiedad de un particular de Bariloche, sin ningún vínculo con el municipio chubutense.

Bárbara Peralta, la denunciante.

El acta consigna que el grupo permaneció retenido entre las 9 y las 12 del mediodía, bajo el sol, con la promesa de que el intendente se presentaría en el lugar, algo que -según la denuncia- nunca ocurrió. Durante ese lapso, Peralta solicitó permiso para comprar alimentos y realizó una transmisión en vivo por redes sociales, mostrando que los voluntarios se encontraban retenidos.

La denuncia también menciona la intervención de un “comunicador” local, identificado como Darío Fernández, también con negocios en la actividad agropecuaria, quien habría difundido públicamente que el camión estaba financiado por el municipio y que los voluntarios realizaban una actividad comercial. Según la presentación, también se difundieron datos personales del grupo y del vehículo.

Fernández, el «periodista» acusado.

Posteriormente, dos móviles policiales se retiraron del lugar y uno escoltó al convoy hasta la localidad de Cholila. Allí se permitió estacionar los vehículos en la vía pública y seis choferes fueron trasladados a la comisaría, donde permanecieron retenidos durante aproximadamente dos horas, hasta ser liberados tras la intervención de un abogado.

En el tramo final de la denuncia, Peralta afirmó que cuentan con testigos locales que colaboraron con alimentos y con registros fílmicos que mostrarían donaciones retenidas por el municipio. Incluso sostuvo que parte de esa ayuda estaría siendo comercializada, extremo que fue incorporado al expediente judicial.

La presentación ante la Fiscalía solicita que se investigue el accionar del intendente de Cholila, al considerar que los hechos relatados podrían configurar privación ilegítima de la libertad, abuso de autoridad y uso arbitrario del poder estatal contra una acción solidaria.

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