La respuesta de la Quinta Cámara de Apelaciones a una serie de planteos impulsados por organizaciones antimineras y ambientalistas —que pretendían la nulidad de la DIA y la suspensión de las tareas ya iniciadas— es bastante más que una buena noticia judicial. En la intimidad, la administración mendocina tiene razones de sobra para celebrarla. Hay una explicación concreta: hoy no aparece en el horizonte de la economía provincial ningún otro proyecto de mediana escala capaz de romper el estancamiento en el que Mendoza lleva años instalada, a sabiendas, así y todo, que el proyecto minero lejos está de resolver los problemas globales, aunque sí de marcar un camino claro de salida. De ahí la atención y marca personal de Alfredo Cornejo que ha tenido sobre el asunto.

Pese a los esfuerzos que reconocen incluso las cámaras empresarias —contención del gasto, congelamiento y reducción progresiva de alícuotas como Ingresos Brutos—, la provincia depende casi por completo de variables atadas a decisiones nacionales. Mientras se aguardan las reformas estructurales prometidas y su impacto real, Mendoza apenas aspira a mantenerse a flote. En ese contexto, el aval judicial al PSJ no es un dato menor: convierte al ex proyecto San Jorge en el único vector visible y tangible de actividad económica futura, con el inicio de su construcción proyectado para el último trimestre del año, una vez concluida la ingeniería de detalle acordada con una consultora chilena y la obra de infraestructura eléctrica convenida con Distrocuyo, incluida la subestación en Uspallata.

La huelga total en los aeropuertos de todo el país, inicialmente prevista para este lunes 2 de febrero, fue postergada por el gremio ATE tras la advertencia de sus equipos legales sobre la necesidad de cumplir con la ley de esencialidad. La normativa…

El resto del cuadro productivo no ofrece alivio. A un mes del inicio de la vendimia oficial, la vitivinicultura enfrenta un año complejo: stocks elevados, precios deprimidos y un consumo mundial en retroceso que desalienta cualquier lectura optimista. El comercio, presionado por una apertura importadora en ascenso, ve cómo productos del exterior desplazan a la oferta local. La construcción intenta sostenerse a la espera de que los fondos del resarcimiento (la otra clave en la que se asienta el gobierno) se traduzcan en obras concretas vía licitaciones públicas. La agroindustria, por su parte, sufre un tipo de cambio poco competitivo, costos logísticos crecientes y un modelo productivo cuyos efectos negativos se sienten en el corto plazo. En ese contexto, el gobierno necesita evitar que la coyuntura derive en un desborde generalizado.

Este escenario también obliga a revisar algunas decisiones estratégicas del propio Estado provincial. No sería extraño que la administración de Alfredo Cornejo evalúe un “barajar y dar de nuevo” en ciertas estructuras paraestatales creadas para atraer inversiones en minería, energía y petróleo, hoy bajo una lupa cada vez más crítica. Los indicios sugieren que en algunos acuerdos con privados pudo haber errores de cálculo. El intento de resucitar el negocio del potasio abandonado por Vale, ahora de la mano de Minera Aguilar de José Luis Manzano, es un ejemplo elocuente. Algo similar comienzan a advertir miradas escépticas sobre las múltiples áreas de exploración abiertas en Malargüe, donde la actividad ha sido, hasta ahora, bastante más magra de lo esperado.

Mientras tanto, el “costo argentino” sigue anclado en el puerto. La aceleración de la apertura importadora que impulsa Javier Milei coloca al empresario local en una carrera desigual: competir sin que hayan cambiado la logística, la rigidez laboral ni la estructura de costos que arrastra la economía desde hace décadas, ahora con productos externos golpeando la puerta de los consumidores.

En Mendoza, el límite es aún más evidente. El discurso de la eficiencia choca con una realidad incómoda: la presión tributaria, con Ingresos Brutos como columna vertebral, sigue siendo el principal sostén del Estado. El margen para bajar impuestos sin desfinanciar servicios básicos es estrecho, y los privados empiezan a sentir que la “Mendoza competitiva” es más un eslogan de una promesa a futuro atada a las reformas de fondo.

El dilema se completa con la aplicación territorial del modelo Milei. No se trata de falta de voluntad ideológica porque en términos generales –y marcadamente mayoritarios– la dirección asumida se avala: se trata de supervivencia económica en el trance hacia la normalidad. El temor no es competir, sino hacerlo en condiciones de desigualdad estructural.

En ese contexto, el fallo judicial que habilita el avance del PSJ aparece menos como una victoria sectorial y más como una tabla de salvación. No resuelve el problema de fondo, pero compra tiempo. Y en la Mendoza de hoy, el tiempo es un recurso cada vez más escaso