Vista aérea del Puerto de Ushuaia, en Tierra del Fuego; es considerada la puerta de acceso a la AntártidaDPP Tierra del Fuego
La medianoche del 20 de enero hubo más movimiento de lo habitual frente al Puerto de Ushuaia. Alguien le avisó a Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) que algo pasaba. Llegó urgido y se encontró en la puerta de ingreso al área de logística con funcionarios que ya conocía de la agencia nacional a cargo de los puertos. ¿Qué necesitan?, les preguntó. “Venimos a intervenir”, le respondieron. Murcia reclamó que no había sido notificado. “Te lo paso por WhatsApp”, fue la respuesta. En la helada y clara noche fueguina, les propuso pasar y mantener la conversación en la oficina. “No, ya no pueden entrar”. El paso quedó cerrado por el personal de la Prefectura Naval, para él y los 90 operarios locales del puerto. Por decisión de la Casa Rosada, el Estado nacional había tomado el control del puerto fueguino.
Así empezó la intervención federal al Puerto de Ushuaia en medio de la temporada alta de cruceros. Sucedió tras detectar “irregularidades financieras”, “desvíos de fondos” y “riesgo operativo” en las instalaciones, según argumentó la resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) firmada a las 22.45 del 20 de enero a cargo. La agencia está a cargo de Iñaki Arreseygor. La medida puso en pie de guerra al gobierno de Gustavo Melella, quien consideró la acción como un avasallamiento de la autonomía provincial por parte de la Casa Rosada.
“Esta intervención constituye un avasallamiento, sin ningún tipo de argumento ni hecho que la avale, a la autonomía de nuestra provincia, garantizada por la Constitución Nacional. El Puerto de Ushuaia es un pilar fundamental para nuestro desarrollo económico y logístico. Tierra del Fuego y su gente, otra vez más, ve con sorpresa otro acto intempestivo y grave desde el Gobierno Nacional que afecta el trabajo y el normal desarrollo de la actividad productiva provincial”, aseguraron desde el gobierno de Melella a través de un comunicado.
Si bien aclararon que el diálogo no está roto adelantaron que avanzarán por vía judicial el reclamo ante la intervención. Fuentes del gobierno nacional con línea directa con el presidente Javier Milei aseguraron a LA NACION que el diálogo “no está cortado”, pero fueron cautos en adelantar cómo continuará la relación con Melella.
El puerto de Ushuaia, en manos de la provincia de Tierra del Fuego desde 1992, por disposición del gobierno de Carlos Menem, es considerado uno de los activos económicos y geopolíticos más valiosos de la provincia más austral. Según datos oficiales maneja un presupuesto anual de $ 22.000 millones producto de los servicios múltiples que presta a los más de 500 buques que recalan en su muelle.
A las 00.03 del 21 de enero, con la intervención recién en funciones, llegó a la bandeja del correo electrónico oficial de Murcia la resolución declarando la intervención del puerto. Luego, en otro mensaje, a las 00.55, le comunicaron el listado de las personas autorizadas a ingresar.
La vicegobernadora, Mónica Urquiza, también llegó esa madrugada, al igual que el equipo de la secretaría Legal y Técnica. Allí firmaron un acta ante el escribano oficial de lo ocurrido en la que se detalló que no se iba a tocar ningún bien, vehículo o maquinaria de la provincia de Tierra del Fuego.
“’¿Cómo van a operar? La provincia está comprometida en su operatividad y el muelle tiene que funcionar como está operando hasta ahora, eso fue lo primero que les pregunté, en tanto la vicegobernadora quiso saber quién era el interventor a cargo, y respondieron que era, Iñaki Arreseygor”, dijo a LA NACION Roberto Murcia, -director de la DPP con rango de ministro- al recordar esa madrugada. En ese momento se anotició que 20 operarios del puerto fueron licenciados y nombrados para trabajar en forma directa para la actual intervención.
Arreseygor es el actual titular de la ANPyN, la agencia creada por decreto que reemplazó a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y la estructura residual de la Administración General de Puertos y tiene por objeto simplificar la estructura estatal, mejorar la eficiencia administrativa y eliminar la duplicación de funciones.
Desde 1992, la provincia de Tierra del Fuego se hizo cargo de los sueldos de los empleados portuarios y de las obras de infraestructura. La última ampliación del muelle se inauguró en 2023, con una inversión de $2500 millones de fondos provinciales y mejoró la logística del puerto y por ende la proyección internacional, según datos de la DPP. Ushuaia está considerado el puerto de entrada a la Antártida, según estadísticas oficiales el 96% de los cruceros parten de allí que implican en la actualidad cerca de 540 recaladas anuales.
Al puerto llegan lujosos buques expedicionarios antárticos, barcos bioceánicos, buques de carga general, de pesca, de la Armada que realiza abastecimiento a las bases antárticas, -tanto de Argentina como de otros países- buques científicos y hasta veleros con banderas de todo el mundo.
En un comunicado del gobierno fueguino, en el que se cuestionó la intervención, detalló que en las últimas dos semanas se registró récord de arribo de barcos que fueron recibidos con una operatoria sincronizada, consiguiendo atender a 16 embarcaciones de bandera internacional en un período menor a 24 horas y más de 30 en la semana. En total más de 30.000 personas entre pasajeros y tripulantes pasaron por el Puerto en ese período.
Un gremio y el origen del conflicto
El conflicto se originó tras una denuncia del gremio “Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego” contra la Ley Provincial Nº 1596, sancionada por unanimidad de la Legisltura en julio pasado que habilitó el uso excepcional del superávit financiero del Puerto de Ushuaia para fortalecer la Obra Social del Estado Fueguino.
Tras la denuncia del gremio, la ANPyN realizó una inspección técnica que, según el informe, detectó fallas estructurales graves, obsolescencia en sistemas de seguridad y una alarmante falta de inversión en mantenimiento esencial. Y argumentaron irregularidades financieras y deficiencias estructurales.
El informe dado a conocer en octubre generó gran revuelo y derivó en recursos interpuestos ante la agencia de parte de la Dirección Provincial de Puertos. Murcia explicó que los funcionarios que hicieron la inspección en agosto es el mismo equipo técnico que los había asesorado y controlado durante las obras de infraestructura del puerto. “Ellos eran parte de la obra y vinieron a inspeccionar algo que conocían al dedillo. No nos sorprende lo que nos imputan porque estábamos trabajando con ellos hace un año y medio atrás. Con el nuevo gobierno se cortó la relación”, dijo.
Desde la agencia ANPyN cuestionaron también a la administración de fondos del puerto. El funcionario detalló que realizaron colocaciones financieras en el Banco de Tierra del Fuego para mejorar la rentabilidad de las ganancias y avanzar en la ejecución de obras para el puerto. En tanto, dijo que firmaron dos convenios con el Ministerio de Salud provincial a través del cual prestaron $200 millones para la compra de equipamiento en un caso y $4000 millones para terminar el Hospital de Ushuaia en el otro. “Ambos préstamos se están devolviendo con interés y con la garantía del Banco provincial”, aseguró el titular de la DPP.
“Lo más grave de todo es que hay un desconocimiento total de cómo se manejan los fondos en la provincia, tengo una auditoría interna como órgano autárquico, que depende del ministerio de Economía y del Tribunal de Cuentas”, explicó Murcia.
Según lo publicado en medios de la isla, los 20 trabajadores que fueron recontratados por la intervención pertenecen al gremio denunciante, la Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego.
Desde el gobierno local cuestionaron que en la misma resolución inhabilita la operación de la terminal para luego, en dos artículos posteriores, dejar sin efecto esa misma inhabilitación y seguir operando.