El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en una de las apuestas estructurales más relevantes del gobierno de Javier Milei para atraer capitales, acelerar proyectos estratégicos y apuntalar la generación de dólares en el mediano plazo. A diferencia de otros esquemas lanzados en el pasado, el régimen comienza a mostrar un rasgo distintivo: los proyectos aprobados no quedaron en anuncios. Por ahora, las iniciativas de mayor envergadura están asociadas al oil & gas de Vaca Muerta y a la minería, sectores que conforman el boom exportador que ya comenzó en el país.
Según información oficial y de las empresas involucradas, a la que accedió LA NACION, el RIGI cuenta hasta ahora con 10 proyectos aprobados y otros 20 en evaluación, y en el caso de los primeros, todos muestran algún grado de avance, ya sea en obras iniciadas, desembolsos realizados, importación de equipos, habilitaciones regulatorias o cronogramas de puesta en marcha en curso.
Desde su reglamentación, en octubre de 2024, el Gobierno aprobó iniciativas por US$25.479 millones, concentradas principalmente en energía, minería e infraestructura. A ese núcleo se suma un volumen adicional de proyectos en evaluación que eleva el total a más de US$63.000 millones, según datos oficiales.
La clave, sin embargo, no está solo en los montos comprometidos, sino en el cumplimiento de una condición central del régimen: las empresas deben ejecutar al menos el 40% de la inversión dentro de los primeros dos años, con un piso mínimo de US$200 millones por proyecto.
El atractivo del RIGI se apoya en un paquete de beneficios fiscales y cambiarios inédito en las últimas décadas. Entre los principales incentivos se destacan la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, el pago del IVA mediante certificados de crédito fiscal transferibles, el cómputo pleno del impuesto al cheque como crédito en Ganancias y la exención de derechos de importación y exportación, con eliminación de retenciones solo durante los primeros tres años.
Para los inversores internacionales, no obstante, el beneficio más valorado es el acceso gradual a la libre disponibilidad de divisas generadas por exportaciones en un país que mantiene restricciones cambiarias: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercero, un punto especialmente sensible en un país con antecedentes de controles cambiarios y restricciones al giro de utilidades.
El paso de los papeles a la obra ya es visible. El caso más avanzado es el Parque Solar El Quemado, en Mendoza, desarrollado por YPF Luz, el primer proyecto renovable encuadrado en el RIGI, que ya inyecta energía al sistema eléctrico nacional tras recibir la autorización de Cammesa. Con una inversión cercana a US$210 millones, el parque alcanzará una capacidad total de 305 MW durante el primer semestre de 2026.
Ese avance se replica en otros desarrollos de gran escala. El oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), uno de los proyectos más relevantes del régimen, ya registra un 51% de avance total, con soldaduras y pruebas hidráulicas completadas, estaciones de bombeo en construcción y obras en la terminal de Punta Colorada.
Para 2026, el cronograma prevé el cruce dirigido del río Negro, el inicio de la obra marina y una primera etapa operativa hacia fin de año, con capacidad inicial para 180.000 barriles diarios. Se trata de una iniciativa que permitiría exportar unos US$15.000 millones anuales de petróleo desde 2027.
En el plano industrial, el proyecto Sidersa, el único emprendimiento manufacturero aprobado bajo el RIGI, muestra un avance cercano al 15% y apunta a producir 360.000 toneladas anuales de aceros largos con tecnología de última generación y menor huella ambiental.
En tanto, el proyecto de Southern Energy para exportar gas natural licuado (GNL) desde Río Negro ya cuenta con decisiones finales de inversión, permisos ambientales y contratos de exportación de largo plazo, y prevé iniciar en 2026 el tendido de los gasoductos que conectarán la producción con los buques de licuefacción. Gracias a la iniciativa, el país ingresaría al selecto grupo de naciones que exportan GNL.
De los US$25.479 millones ya aprobados, entre el 72% y el 75% corresponde a proyectos de energía y petróleo y gas, mientras que otro 24% a 26% se concentra en minería, principalmente litio, cobre y oro.
En conjunto, más del 97% del monto validado se orienta a sectores intensivos en capital y con alto potencial exportador. En contraste, los proyectos industriales y de infraestructura logística explican apenas entre 2% y 3% del total, una distribución que potencia la generación futura de divisas, pero acota el impacto directo sobre el empleo y los encadenamientos productivos locales en el corto plazo.
Otro elemento central del esquema es su impacto territorial. A diferencia de ciclos previos de inversión concentrados en el AMBA, buena parte de los proyectos del RIGI se localiza en el interior, con especial peso en Patagonia, NOA y Cuyo. Energía y minería traccionan iniciativas en Río Negro, Neuquén, Salta, Catamarca, San Juan, Mendoza y Jujuy, mientras que algunos desarrollos industriales y logísticos se reparten entre Buenos Aires y Santa Fe. Para las economías provinciales, estos proyectos implican no solo ingreso de capital y generación de divisas, sino también obras de infraestructura asociadas, demanda de servicios locales y recursos fiscales a través de regalías y tributos subnacionales.
Este perfil explica el respaldo de los mercados financieros. Un informe reciente de JP Morgan destacó que la desregulación y las reformas estructurales impulsadas por la administración Milei están sentando las bases para una recuperación sostenida de la inversión, con un fuerte sesgo hacia maquinaria y equipos importados. Según el banco, la inversión fija alcanzó 20,4% del PBI en el tercer trimestre de 2025 y podría elevar el crecimiento potencial hacia la zona del 4% al 4,5% en el mediano plazo si se consolida y se amplía hacia la construcción.
Ese optimismo convive, sin embargo, con señales menos alentadoras en otros frentes. Datos del Banco Central de la República Argentina muestran que, por primera vez desde 2003, la inversión extranjera directa acumuló un saldo negativo: entre enero y noviembre de 2025 se registró una salida neta de US$1521 millones, asociada a ventas de activos y desinversiones de empresas extranjeras.
A eso se suma el desempeño todavía débil de actividades intensivas en empleo. Según el Indec, la industria se ubica entre 5,5% y 6% por debajo de los niveles de fines de 2024 y noviembre de 2023, mientras que la construcción muestra una caída de 24,1% respecto de noviembre de 2023, en un contexto de fuerte ajuste de la obra pública.
El contraste reabre el debate sobre el impacto del RIGI en el desarrollo productivo. De acuerdo con estimaciones aportadas por Daniel Schteingart, director de desarrollo productivo de Fundar, la industria explica cerca del 18% del PBI y concentra el 11% del empleo, mientras que petróleo y minería, con casi 5% del producto, generan menos del 1% de los puestos de trabajo. Desde esa óptica, advierte que el régimen puede impulsar exportaciones, pero con un efecto limitado sobre el empleo directo y los encadenamientos industriales, en parte por el fuerte uso de insumos importados.
Una mirada similar aparece en informes de Sistémica, elaborados por el economista Federico Poli, director ejecutivo de la Fundación Observatorio Pyme. Allí se advierte que, mientras algunos grandes proyectos avanzan, persisten señales de empresas en retirada y desinversión.
En ese horizonte aparece el mayor proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) que impulsa YPF junto con la italiana Eni y Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). La iniciativa, que demandaría una inversión estimada de al menos US$30.000 millones, requerirá una adecuación del RIGI para incorporar bajo el esquema de beneficios tributarios, cambiarios y aduaneros a los proyectos del upstream de gas “húmedo”. En la jerga de la industria, se trata de desarrollos en áreas gasíferas de Vaca Muerta donde, además del gas natural, se extraen líquidos asociados como etano, propano, butano y gasolinas, clave para la viabilidad económica del complejo exportador.
En paralelo, el Gobierno comenzó a analizar una eventual extensión del régimen para nuevos proyectos en Vaca Muerta que deriven en un aumento de la producción no convencional de petróleo y gas, una señal de que el régimen podría evolucionar desde una herramienta puntual hacia un marco más amplio para apuntalar la próxima fase del desarrollo energético argentino.