Argentina continúa llevando adelante el debate legislativo por las modificaciones de la Ley de Glaciares, el Ejecutivo nacional incorporó a las sesiones extraordinarias la “adecuación” del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y ambiente periglaciar.

El debate se desarrollará en el Congreso de la Nación, en este escenario la Cámara Argentina de Empresas Mineras Argentinas (CAEM) volvió a remarcar su postura ante la sociedad.

“Queremos llevar certezas y tranquilidad a quienes tienen temores genuinos en relación a las aclaraciones en la Ley de Glaciares y reafirmar nuestro compromiso con la protección de glaciares y ambiente periglacial que cumpla función hídrica relevante”, señaló recientemente CAEM.

A futuro

En Argentina, la “minería genera más de 100.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos y en los próximos años podrían duplicarse. Y lo hace desarrollándose en forma sustentable”.

“Sabemos que uno de los temas que suscita mayor interés es el uso de agua en esta industria, representa una fracción muy pequeña del consumo hídrico total. En las regiones con minería, mientras alrededor del 93% del agua utilizada se destina a la agricultura, las industrias consumen el 7% restante, y dentro de ese universo la minería ocupa apenas el 1%“, se indicó.

El empresariado recordó que la “actividad opera bajo un exigente esquema de control técnico y normativo, también en cuanto al manejo del agua. En los yacimientos metalíferos del país, el agua cumple múltiples funciones: desde permitir la perforación segura hasta posibilitar la separación de minerales. A diferencia de lo que suele suponerse, la mayor parte del agua que se emplea se reutiliza. De hecho, entre el 70% y el 90% del agua que se usa en los procesos se mantiene dentro de circuitos cerrados, donde se recircula una y otra vez”.

La eficiencia de procesos, según CAEM, está “acompañada por un marco regulatorio riguroso. Para poder operar, cualquier proyecto minero debe presentar un informe de impacto ambiental —regulado por la Ley 24.585, con requerimientos adicionales para la actividad— que evalúa de manera integral su interacción con el entorno, incluido el recurso hídrico”.

La legislación impone que los “estudios se actualizen cada dos años y son aprobados y auditados por autoridades provinciales, con participación de organismos técnicos, universidades y, en muchos casos, comunidades locales que intervienen en monitoreos ambientales participativos”.

“La minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente. Otros países con tradición minera —como Canadá o Suecia— ya aplican estos criterios, combinando desarrollo productivo con resguardo ambiental”, se informó.

A esos “controles oficiales y auditorías constantes -con una participación creciente de las comunidades- las empresas en Argentina han incorporado protocolos y estándares internacionales de sostenibilidad como HMS/TSM, ICMM. ISO o IRMA, que suman capas adicionales de control y mejoran la eficiencia en el uso del agua”.

“En un contexto global de estrés hídrico y cambio climático, sostenemos el compromiso de operar con procesos eficientes y transparentes, para garantizar que el desarrollo productivo y la generación de empleo convivan siempre con la protección de los recursos naturales”.

En este marco, “planteamos la necesidad de aclaraciones técnicas más precisas, especialmente sobre las zonas periglaciares, para evitar que crioformas sin función hídrica relevante sean confundidas con áreas estratégicas, generando restricciones innecesarias sin mejorar la protección real. Proteger el ambiente requiere leyes claras, para garantizar mayor empleo y desarrollo en el futuro, cuidando el entorno”, concluyó el emrpesariado