La desfinanciación del INET pone en riesgo la creación de nuevos perfiles profesionales clave para la minería

El FoNETP, que debía garantizar al menos el 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto nacional, sufrió una caída abrupta en su ejecución en los últimos años. Tras alcanzar un 50,5% en 2023, descendió al 9,4% en 2024, al 10,8% en 2025 y apenas un 3,5% proyectado para 2026, lo que representa una reducción acumulada del 93%. A esto se suma un dato clave: el Presupuesto 2026 derogó explícitamente el fondo mediante su artículo 30, trasladando la responsabilidad financiera a las provincias y dejando sin respaldo directo al entramado de la educación técnica nacional.
En este contexto, el ingeniero Carlos Gonzales, especialista en Educación Técnica, ex docente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y ex funcionario a nivel nacional y provincial, advirtió sobre las consecuencias directas que esta desfinanciación tendrá en la articulación entre educación y demanda productiva, particularmente en la minería. Según explicó, el INET ya comenzó a suspender programas y planes de trabajo, entre ellos el proceso de construcción de nuevos perfiles profesionales consensuados con el sector empresario y los gremios.
Gonzales recordó que a mediados del año pasado se realizó en Buenos Aires una reunión clave en el entonces INET, con la participación de la Cámara de Empresarios Mineros, los sindicatos del sector —como AOMA y ASIJEMIN— y diversos profesionales. En ese encuentro se presentó la aprobación, por parte del Consejo Federal de Educación, de dos perfiles profesionales que culminaron todo el proceso normativo: el de perforista y el de asistente de perforista. Ambos ya cuentan con certificación en el Registro Nacional de Títulos y Certificaciones, lo que habilita a instituciones educativas y empresas a diseñar propuestas curriculares con aval nacional.
«El aval es importantísimo», subrayó Gonzales, al señalar que en un escenario de fuerte expansión minera proliferan ofertas de capacitación sin respaldo oficial. «Hay muchos pseudo institutos que brindan cursos, pero sin certificación nacional ni reconocimiento del Ministerio de Educación, de las provincias, de la Secretaría de Trabajo o de los gremios. Eso deja a los trabajadores sin una credencial válida al finalizar su formación», explicó.
Estos dos perfiles aprobados representaron, según el especialista, apenas el primer resultado de un proceso mucho más amplio. En aquella reunión también se avanzó en la identificación de más de 30 perfiles demandados por las empresas mineras, entre ellos asistentes de geología, ayudantes de geólogo, personal para preparación de muestras de exploración, técnicos en análisis de laboratorio —tanto analíticos como metalúrgicos—, explosivistas y asistentes de explosivos, además de operadores de maquinaria pesada y equipos de transporte.
Sin embargo, muchos de estos perfiles requerían instancias prácticas complejas y equipamiento específico que hoy los centros de formación no poseen, por lo que se había previsto un desarrollo progresivo, incluso incorporando el uso de simuladores. Ese camino, que el INET proyectaba continuar durante 2026, hoy aparece seriamente comprometido.
«Este era un plan que no demandaba grandes recursos, pero sí atención y continuidad por parte del INET durante el año 2026. Con la desfinanciación, todo indica que no se va a poder seguir», advirtió Gonzales, al anticipar que recién en febrero podría confirmarse la paralización definitiva de estos procesos.
El ingeniero también recordó que la educación técnica, por su propia naturaleza, requiere una inversión sostenida: talleres, insumos, energía, equipamiento y docentes especializados. «Por eso en 2005 se sancionó la ley de educación técnico-profesional, para cubrir estas necesidades con un financiamiento estable. Reorganizar y reequipar más de 1.700 escuelas técnicas es una tarea de décadas», sostuvo.
Hoy, con el retiro del financiamiento nacional, el futuro de la formación técnica queda librado a la capacidad de las provincias y, eventualmente, al aporte del sector privado. «Esperemos que las empresas realmente puedan asumir ese rol, como plantea la nueva normativa», concluyó Gonzales, aunque dejó en claro que sin un Estado nacional activo, la articulación entre educación técnica y desarrollo productivo —clave para provincias mineras como San Juan— corre serio riesgo de quedar trunca