Las tasas, una de las herramientas principales de recaudación de los intendentes en la provincia de Buenos Aires, siguen generando polémica: Por ocultas, por la falta de contraprestación, por abusivas. La Tasa Vial, en el reclamo de muchos.
El rezongo por la tasa vial viene de lejos. En julio pasado, publicamos en SEMANARIO un informe de Carbap, referidos a los valores que cobran los municipios de la provincia de Buenos Aires por la Tasa de Red Vial, que es la que debe destinarse a la reparación y el mantenimiento de los caminos rurales de los respectivos distritos, donde Junín es uno de los municipios que están en el rango máximo de valores, que es de entre 12.500 y 17.321 pesos por hectárea por año.
En los mismos niveles están Chivilcoy, Rojas y Salto, mientras que Bragado, Alberti y Carmen de Areco cobran entre 10.000 y 12.500 pesos.
Por el contrario, Chacabuco es uno de los municipios de la zona que menos cobra por ese servicio. Según el informe, Chacabuco se encuentra entre los partidos que factura por Tasa Vial la suma de entre 5.000 y 7.500 pesos por hectárea por año. El otro distrito de las cercanías que se encuentra en ese nivel es Suipacha.
El municipio más cercano a Chacabuco en el que los valores de la tasa son más bajos es Tapalqué, donde se cobran menos de 2.000 pesos por hectárea por año. Dos escalones más arriba se encuentra Lincoln, que cobra entre 3.500 y 5.000.
En el informe de Carbap se expresa que la Tasa Vial “tiene como objetivo mantener 120.000 kilómetros de caminos rurales, pero registra irregularidades, como un servicio deficiente y tasas atadas al valor de granos y carne, entre otras”. También se afirma que Chivilcoy, Colón y Necochea se encuentran “entre los municipios con las tasas más altas”.
Esta polémica se acrecentó en los últimos días, cuando se conoció que más municipios echaron mano a la polémica tasa vial a los combustibles para tratar de acomodar sus finanzas en medio de la caída en la recaudación producto de la caída de fondos coparticipables y la baja cobrabilidad ante la situación social.
Tal como ocurrió en 2024, el cierre del 2025 volvió a encender la polémica con la postura de una veintena de municipios de gravar la carga de las naftas, que plantea como contraprestación servicios como el mantenimiento de la red vial urbana.
Este tipo de tributos son objeto de una fuerte disputa política entre un gobierno nacional que condena el cobro de tasas municipales al sector pero que no rebaja los impuestos nacionales a los combustibles y ni siquiera invierte los recursos que están afectados por ley a obras como en el caso del fondo hídrico.
Los jefes comunales, en tanto, se escudan en las autonomías municipales y en el “escaso” monto dentro del valor total del litro de combustibles o GNC, en comparación con los tributos nacionales.
Unos veinte municipios en la provincia de Buenos Aires implementaron una tasa vial sobre la venta de combustibles, y afrontarían demandas en la Justicia si la Corte bonaerense dictamina su inconstitucionalidad
En la Argentina hay 155 distintos tipos de tributo; 85 municipales, 45 nacionales y 25 provinciales. Diez explican el 92% del total. La “Tasa de Seguridad e Higiene”, el principal caballito de batalla de Intendencias y Consejos Deliberantes, es uno de esos diez tributos que más recauda, además de los “Ingresos Brutos” de las provincias, cuyo efecto sobre los precios finales es mucho mayor a la alícuota nominal, pues al cobrarse sobre cada eslabón de la cadena de valor, el “efecto cascada” multiplica su incidencia.
DISPUTA JUDICIAL CON IDAS Y VUELTAS
La polémica por las tasas también tuvo su capítulo judicial. En marzo pasado el Juzgado Federal de San Martín rechazó el pedido del Municipio de Tigre para suspender la Resolución 267/2024, que prohíbe incluir tasas municipales en las facturas de luz y gas. Aunque extendió el plazo de adecuación de 30 a 90 días para que el gobierno local reacomode una modalidad de cobro que permaneció inalterable por alrededor de 20 años, confirmó la validez de la medida.
Sin embargo, en septiembre, la Justicia volvió a habilitar a los Municipios a cobrarlas en las facturas. Lo decidió el juez federal de Campana González Charbay a pedido del municipio de Pilar. Hizo lugar a una medida cautelar hasta resolver la cuestión de fondo.
González Charbay suspendió la aplicación de la resolución del Ministerio de Economía que prohíbe al Municipio de Pilar aplicar una tasa municipal en las boletas de electricidad de Edenor y de gas de Naturgy BAN, al hacer lugar a una medida cautelar solicitada por la comuna, hasta tanto decida si es constitucional o no la resolución del Gobierno.
El reclamo fue planteado por el intendente de Pilar, Federico Achával, que señaló que la Resolución N° 267/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación «causa un gravamen irreparable a los derechos constitucionales del municipio».
La Comuna planteó que tiene derecho a cobrar tasas de servicios, por ejemplo, de alumbrado público, incorporándolas en la boleta de Edenor y lo mismo sostuvo con la tasa por Vigilancia, Inspección y Desarrollo de Emprendimientos para la Provisión del Servicio Público de Gas por Redes, que se incluye en la boleta de Naturgy BAN SA
Donde esta medida no tuvo impacto fue sobre el interior, donde quien tiene injerencia es la Provincia. A través del Oceba regula los contratos con las compañías Edén (norte bonaerense, impacta en Junín); Edes (sur); Edea (municipios de la costa y Mar del Plata) y Edelap (Capital bonaerense y la región). Y a eso se suman las más de 200 cooperativas eléctricas que operan en el interior bonaerense
9 DE JULIO, RECLAMOS Y PROPUESTAS
Con un distrito bajo las consecuencias de caminos destruidos y campos inundados, un proyecto de Ordenanza Impositiva impulsado por la intendenta del PRO, María José Gentile, enviado al Concejo Deliberante pretendía un aumento de tasas que empezó con rezongos y terminó siendo modificado.
Finalmente, y tras una extensa sesión del Concejo Deliberante y la intervención de la Federación Agraria Argentina (FAA) el Municipio modificó el dictamen oficialista y redujo el aumento previsto (había propuesto 35% para el ABL y un 50 para la Tasa de Red Vial), además de incorporar excepciones para los campos en emergencia y desastre agropecuario.
El documento finalmente aprobado estableció un valor de $8530 por hectárea, por debajo del aumento inicial del 50% que llevaba la tasa a $10.620. Además, se incorporó la exención del pago para los campos declarados en emergencia o desastre agropecuario, una demanda sostenida por los productores afectados por el exceso hídrico.
La discusión continuará en la sesión de Grandes Contribuyentes, donde culminará el tratamiento del presupuesto.
Este tipo de tributos son objeto de una fuerte disputa política entre un gobierno nacional que condena el cobro de tasas municipales al sector
CAÑUELAS
El municipio de Cañuelas logró la aprobación en instancia preparatoria de una tasa vial que impone un sobrecargo de entre el 1 y el 2 % en las ventas de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) que despachan en la localidad.
Los recursos estarán destinados al mantenimiento vial municipal y los agentes de retención y transferencia serán las estaciones de servicio.
La nueva tasa quedó vigente tras ser refrendada por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. El proyecto fue impulsado por la intendenta Marisa Fassi (Fuerza Patria), quien semanas atrás recibió cuestionamientos de sectores rurales por un nuevo incremento al traslado de hacienda al Mercado Agroganadero que en diciembre llegó al 124%.
TAPALQUÉ
En Tapalqué el Concejo Deliberante trató las ordenanzas fiscal e impositiva donde el oficialismo que lidera el intendente Gustavo Cocconi impulsó la creación de una nueva tasa a los combustibles del 2,5%, que se aplicará por encima del valor de los mismos sin impuestos en las estaciones de servicios de la ciudad e incluye las naftas, gasoil, kerosene y GNC.
Además, la tasa para la red vial, que ya actualiza con el valor de combustible, sufrió un incremento del 10%.
RAMALLO
En Ramallo, sectores opositores denunciaron que el nuevo Código Tributario impulsado por el intendente Mauro Poletti (Fuerza Patria) incluye la creación de una tasa del 2% sobre los combustibles.
Desde otros sectores consideraron que el nuevo tributo será trasladado de manera directa al precio final que pagan los contribuyentes y que tendrá consecuencias negativas para el comercio ya que transportistas optarán por cargar en localidades donde no se cobre el tributo.
CORONEL SUÁREZ
En Coronel Suárez, el intendente vecinalista Ricardo Moccero impulsa la creación de una tasa vial que grava en un 2% la carga de los combustibles. La noticia generó rechazo en entidades del campo y la Cámara Empresaria, quienes se entrevistaron con el jefe comunal.
Al justificar la medida, el intendente minimizó su impacto y sostuvo que el cargo sería marginal: “Es una gota en el mar lo que se va a cobrar. En un tanque de combustible puede representar unos 1.200 pesos sobre una carga de entre 60.000 y 70.000 pesos, y en tanques más grandes no superaría los 1.800 pesos”, explicó en diálogo con La Nueva Radio.
En ese sentido dijo que es sobre el costo neto del combustible- sin impuesto- “y además el gobierno nacional aumentó el 43% y nadie dijo nada. Estos fondos están afectados a la reparación de las calles” explicó.
SAN ANDRÉS DE GILES
En el municipio de San Andrés de Giles, el 2026 estará marcado por la creación de nuevas tasas. El intendente Miguel Gesualdi propuso crear un nuevo gravamen para sostener el sistema de salud.
Los ediles de la comisión de Presupuesto del Concejo Deliberante gilense recibieron a los propietarios de las estaciones de combustible del distrito, quienes les advirtieron que corren un riesgo si se aprueba la tasa vial, porque la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires podría declararla inconstitucional y las eventuales demandas judiciales podrían recaer sobre ellos mismos.
PILAR
El Distrito encabezado por el intendente Federico Achával decidió modificar la “Tasa de Protección Ambiental”, que impacta en Súper e Hipermercados por lo que, desde el 15 de diciembre pasó a calcularse sobre cada operación (en definitiva, sobre la facturación), con una tasa del 2%, es decir que la pagan los vecinos con cada ticket de compra.
TASA AL METEGOL
A fin de noviembre, las redes sociales libertarias estallaron y después la noticia escaló a los medios nacionales: en la ordenanza fiscal de Miramar, partido de General Alvarado, para 2026 se incluyó el cobro de una tasa por la cual los tradicionales “metegoles” deberán pagar una tasa de $3.500.
La sorprendente tasa está incluida en el artículo 55 del proyecto, que grava el funcionamiento de los juegos en el espacio público. El articulado ya fue aprobado con el Concejo Deliberante, pero le falta el OK de la asamblea de grandes contribuyentes.
En ese marco, y antes de su sanción definitiva, el intendente Sebastián Ianantuony (UxP) salió a aclarar que en realidad no hay ninguna novedad: la tasa en cuestión se cobra desde hace más de 20 años y lo que hace el proyecto es actualizarla.
TRANSPARENCIA
Uno de los problemas del cobro de tasas es detectar si efectivamente el dinero recaudado se destina al pago recibido. Y acá, es donde muchos miran al reparto discrecional de las intendencias, a las urgencias o a otros destinos.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el 36% de los distritos bonaerenses muestra niveles bajos, regulares o nulos de transparencia.
Fernando Rolando, gerente de la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), dijo: “Nuestra posición es contraria a las tasas municipales, porque ya hay impuestos y tasas en el combustible que cubren esas necesidades. Hoy, aproximadamente la mitad del costo corresponde a impuestos y tasas; por lo tanto, sumar uno más distorsiona los precios y genera desigualdades competitivas entre distritos”.
La confrontación del Ejecutivo con los intendentes —en particular con los bonaerenses— no es nueva. A comienzos de este año, Caputo instó a las provincias a avanzar con medidas para que los municipios deroguen tasas cuyos montos no guardan relación con el costo de los servicios prestados y que, según el Gobierno, resultan “ilegales y arbitrarias”.
Mientras tanto, el 2026 arranca con nuevos aumentos, para sostener viejas políticas que, en varios distritos, pese al relato, queda visto que, pese a la contribución, la contraprestación está lejos de mejorarle la vida a los habitantes del lugar
semanariodejunin.com.ar