Por Magali Sequeira
Hacia tres décadas de minería, ¿oportunidad para romper el círculo?
Durante la década del ‘90 la minería moderna se instala en Santa Cruz con proyectos de oro y plata, impulsada por la Ley de Inversiones Mineras de 1993. En el periodo 2000-2010 se consolidan los yacimientos y se multiplican las exportaciones. Sin embargo, emergen las primeras tensiones por el impacto ambiental y la distribución de la renta.
Por otra parte, en el periodo 2010-2020 se afianza como uno de los principales sectores exportadores de la provincia, surgiendo reclamos por el “compre local” y por mayor participación de trabajadores santacruceños en la matriz de empleo minero.
Durante el 2025 el sector enfrentó una crisis de exploración y el anuncio de cierres de proyectos clave, lo que reaviva la discusión sobre sostenibilidad y futuro. Aunque Santa Cruz sigue liderando las exportaciones de oro y plata, la falta de nuevas inversiones en exploración genera incertidumbre.
Otro de los temas que ocuparon la agenda fue empleo local versus movilidad laboral nacional encontrándose las empresas en un limbo legal frente al Ministerio de Trabajo. Y por último otro de los temas claves giró en al Compre local y proveedores santacruceños reclamando reglas claras y transparencia en licitaciones, señalando una “deuda histórica” de la minería con Santa Cruz.
El 2025 expuso las tensiones estructurales de la minería santacruceña: Legitimidad social, Sostenibilidad productiva, Equidad económica, Gobernanza y Seguridad Jurídica. Estos no son hechos aislados, sino parte de una historia de tensiones acumuladas desde la llegada de la industria a Santa Cruz.
¿Y ahora qué?
El 2025 dejó en claro que la minería santacruceña atraviesa una encrucijada histórica, con señales de un modelo que necesita transformarse para sostener su legitimidad y competitividad.
Los gobiernos, las empresas y las comunidades enfrentan el desafío de construir un nuevo pacto minero que combine productividad con sostenibilidad social y económica. El futuro exige políticas de exploración que garanticen continuidad, reglas claras que fortalezcan el empleo, la contratación local de proveedores, mecanismos transparentes de distribución de la renta que devuelvan confianza a las comunidades y seguridad jurídica.
Santa Cruz tiene la oportunidad a partir de este 2026 de pasar de la conflictividad a la innovación institucional con un nuevo acuerdo social minero, con compromisos verificables y participación de todos los actores, podría marcar el inicio de una etapa distinta: una minería que no solo exporte minerales, sino también legitimidad, equidad y desarrollo sostenible