El Sindicato de Camioneros de Río Negro endureció su postura frente a las empresas que participan en las principales obras de infraestructura energética de la región, insistiendo en la plena vigencia de la denominada Ley 80/20, que prioriza la contratación de mano de obra local. Luego de una protesta que el fin de semana pasado paralizó el transporte de insumos hacia la zona de Punta Colorada, este miércoles el gremio se declaró en estado de alerta y movilización, denunciando que unos 1.000 choferes de “última milla” están en riesgo de perder sus puestos.
Durante una entrevista con Literal Radio, el secretario general, Gustavo Sol, explicó que el sindicato pidió inspecciones a la Secretaría de Trabajo de Río Negro, luego de advertir a las empresas sobre el incumplimiento de la normativa vigente. “Se solicitaba que se cumpla con la ley vigente y con el 80/20, cosa que no se venía respetando”, señaló.
Según detalló el dirigente gremial, las inspecciones realizadas en el puerto, en conjunto con la Subsecretaría de Trabajo, permitieron detectar serias irregularidades laborales. “Eran empresas foráneas con trabajadores de otras provincias que no tenían las condiciones mínimas para ejercer el laburo: dormían arriba de los camiones, no tenían baño, nada”, afirmó. A raíz de estas situaciones, se resolvió frenar momentáneamente el transporte de materiales clave. “Se paró el transporte de la cañería que va al gasoducto de Pan American”, precisó.
El debate entre Camioneros y el sector empleador
Tras la paralización, el sindicato solicitó una audiencia en Cipolletti con las empresas involucradas y representantes laborales de Pan American Energy. De ese encuentro, realizado este martes, surgió un compromiso “de regularizar el tema, de contratar empresas regionales”, explicó Sol.
El secretario general de Camioneros aseguró que la defensa de la mano de obra local no responde a una postura ideológica, sino a la situación concreta del empleo en la región. “Hemos esperado tantos años para tener una obra, un proyecto tan importante como el que se está llevando adelante y obviamente la mano de obra tiene que ser para los rionegrinos”, sostuvo. En ese sentido, recordó que “en el último año en Vaca Muerta hubo más de 3.000 despidos y hay mucha gente buscando trabajo”.
Consultado por la intención del Gobierno nacional de avanzar en la derogación de normativas como la Ley 80/20, por considerarlas restrictivas del derecho constitucional a trabajar en cualquier punto del país, Sol fue crítico. “El Gobierno nacional debería generar los puestos de trabajo para que cada ciudadano tenga trabajo en su provincia, cerca de su casa”, afirmó. Y agregó: “Nosotros tenemos que defender a los nuestros, a los vecinos, a la gente de nuestra provincia”.
“La calidad es la misma”
Asimismo, rechazó el argumento de que la contratación de trabajadores provenientes de otras provincias responda a una mayor calificación. “El trabajador rionegrino no es inferior al que viene de afuera; la calidad es la misma”, afirmó, y sostuvo que el verdadero motivo es económico: “Las empresas traen gente de afuera porque les sale la mano de obra más barata”.
La “última milla”, el eje del conflicto y el estado de alerta
Más allá del cumplimiento de la Ley 80/20, el eje central que llevó este miércoles al estado de alerta y movilización del Sindicato de Camioneros está vinculado a la situación de los choferes que trabajan en la denominada “última milla”, es decir, el tramo final del transporte de insumos dentro de las locaciones productivas de Vaca Muerta.
Sol advirtió que decisiones operativas impulsadas por las empresas, con aval del Gobierno nacional, podrían poner en riesgo una gran cantidad de puestos de trabajo. “Estaría en peligro más de mil puestos de trabajo porque lo que sería la última milla estaría por desaparecer”, alertó. Según explicó, algunas operadoras buscan modificar el esquema logístico llevando directamente la arena desde el río hasta el pozo. “No es para agilizar: es para achicar costos”, sostuvo.
El dirigente gremial detalló que esta modificación impacta directamente en las condiciones salariales. “Un trabajador de última milla cobra un 40% más que un trabajador que viene de otro lado”, explicó, y señaló que ese diferencial es el principal motivo por el cual las empresas intentan avanzar con cambios en el sistema de transporte.
En ese marco, el sindicato resolvió declararse en estado de alerta y movilización, al considerar que estas medidas implican un proceso de precarización laboral. “Estas son las cuestiones que vienen llevando adelante las operadoras y que ponen en riesgo a trabajadores de Río Negro y Neuquén”, advirtió Sol