La polémica por las tasas municipales sumó un nuevo capítulo en el interior bonaerense. El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciani (Frente Renovador), decidió retirar el proyecto que buscaba crear una Tasa Vial a los Combustibles. La iniciativa se daba en un contexto de máxima tensión entre los municipios y el Ministerio de Economía de la Nación por el impacto de estos tributos en la inflación.
El proyecto consistía en cobrar un 2,5% adicional sobre cada carga de combustible realizada en el distrito. Según el Ejecutivo local, la totalidad de los fondos se destinaría a la reparación de la infraestructura urbana y la rotonda de acceso, áreas que presentan un marcado deterioro.
Fuerte cruce a la oposición y críticas a Milei
Al anunciar que no seguiría adelante con la medida, Sciani lanzó duras críticas a los concejales de la oposición y vinculó la crisis local con las políticas de Javier Milei. El intendente denunció una fuerte caída en la coparticipación y el abandono de las rutas nacionales que atraviesan el partido.
«Con estos fondos pretendíamos trabajar en la rotonda y las calles, porque la deuda de Nación con las provincias generó menos coparticipación. A los distritos chicos esto nos complica muchísimo», explicó el alcalde. Además, recordó que el municipio debe hacerse cargo de tareas que no le corresponden: «Los cortes de pasto en las rotondas de las Rutas 30 y 205 los hacemos nosotros aunque no nos toque».
El reclamo por los aumentos de precios
Sciani no ahorró reproches para los dirigentes locales que realizaron conferencias de prensa contra la tasa:
Silencio ante subas nacionales: El intendente cuestionó que no se manifestaran cuando el combustible aumentó un 90% entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
Impacto anual: Señaló que durante 2024 el incremento acumulado fue del 108% sin que la oposición local elevara quejas al Gobierno nacional.
La marcha atrás de Sciani ocurre mientras otros intendentes del conurbano mantienen disputas judiciales con el ministro Luis Caputo por el mismo tema. En Roque Pérez, la falta de consenso legislativo y el clima de crispación social terminaron por desactivar la herramienta recaudatoria con la que el municipio buscaba paliar el déficit fiscal