El intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, denunció haber recibido el municipio en un estado “desastroso e ilegal”, con una nómina de más de 300 empleados que incluiría una extensa lista de “ñoquis” y salarios fijados de manera arbitraria durante la gestión anterior de Pablo Kelo Guastavino. Según afirmó, el esquema generó un grave perjuicio económico y administrativo para la comuna.
En declaraciones públicas, el jefe comunal buscó llevar tranquilidad a los trabajadores efectivos al asegurar que los fondos para el pago de sueldos están disponibles y que los salarios se abonarán en los próximos días. “Estamos legalizando la situación del Municipio y del personal. La gestión anterior pagaba salarios de manera ilegal”, sostuvo. La demora, precisó, es de cuatro días: al 14 de enero restaba pagar el sueldo de diciembre, mientras que el aguinaldo fue cancelado en tiempo y forma.
Galarza Florentín asumió el 10 de diciembre de 2025 y desde entonces su equipo técnico avanza en un proceso de normalización en una comuna que, según definió, está “técnicamente en emergencia”. El relevamiento detectó sueldos cercanos al millón de pesos sin justificación funcional, discriminación salarial entre trabajadores que realizaban tareas similares y personas que figuran en la nómina pese a no presentarse a trabajar desde el inicio de la nueva gestión.
El informe también advierte que muchos empleados carecen de documentación, escalafón o actos administrativos que respalden su contratación. Incluso el estatuto del trabajador municipal fue calificado como ilegal: habría sido aprobado en diciembre de 2025 “a medida” del exintendente y en beneficio de quienes no cumplían funciones, sin respetar el principio de igual salario por igual tarea.
Desde el Ejecutivo municipal anticiparon que el proceso de investigación y legalización continuará y que se convocará a sesiones extraordinarias para declarar la emergencia municipal y aprobar una ordenanza que permita regularizar la situación. Mientras tanto, la nueva gestión apunta a desarmar un esquema que, según denunció, combinó ilegalidad, discrecionalidad y abuso de los recursos públicos.