El pronunciamiento, fechado el 10 de enero en Colonia Wanda y dirigido a transportistas, agencias de turismo, visitantes y al público en general, sostiene que el municipio pretende cobrar una tasa que considera “ilegal, confiscatoria, discriminatoria, inconstitucional y arbitraria”. Según la empresa, el cobro impactará de manera directa no solo en los turistas que visitan las minas, sino también en quienes trabajan directa o indirectamente en la actividad, afectando al conjunto del circuito turístico local.
La ordenanza municipal establece que la tasa se abonará al momento del ingreso a los atractivos turísticos, especialmente las minas, y fija su valor en Unidades Fijas (UF), equivalentes al precio de un litro de nafta Infinia. En la práctica, los montos van desde 0,5 UF para personas que ingresen a pie o en bicicleta (alrededor de $1.000), 1 UF para motocicletas, 2,5 UF para autos y camionetas, hasta cifras significativamente más altas para el transporte turístico: 25 UF para colectivos de hasta 50 pasajeros y 50 UF para unidades de mayor capacidad, lo que equivale a unos $100.000 por vehículo.
Desde la Compañía Minera Wanda cuestionaron con dureza el criterio adoptado por el Municipio y señalaron que la medida “va a contramano de las políticas nacionales” y de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya declaró inconstitucionales tasas similares aplicadas a actividades turísticas en otras jurisdicciones del país. En ese sentido, la empresa anticipó que llevará el reclamo “hasta las últimas instancias” y advirtió que una eventual judicialización podría implicar un costo económico significativo para el Municipio, que finalmente sería afrontado por toda la comunidad.