La acción fue iniciada por Cecilia Giammaria, quien cuestiona la constitucionalidad del nuevo gravamen al considerar que no existiría una contraprestación clara que justifique su aplicación. Según el planteo, la tasa impacta de manera directa en vecinos y usuarios de combustibles sin que el Municipio haya precisado con claridad cuáles serían los servicios o beneficios concretos a los que se destinaría la recaudación obtenida.

El pedido de habilitación de feria judicial tenía como objetivo que se analizara de forma inmediata la legalidad de la medida, al entender que su vigencia podría provocar perjuicios económicos continuos. Sin embargo, la solicitud fue rechazada mediante una resolución dictada el 5 de enero de 2026 por el juez Luciano C. Savignano, con asiento en Pergamino, luego de que el expediente fuera remitido desde el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás.

En su resolución, el magistrado recordó que la habilitación de feria constituye un mecanismo excepcional, reservado para situaciones donde se acredite un peligro cierto, actual e inminente que pueda frustrar los derechos reclamados. En este caso, sostuvo que no se reunieron los requisitos legales necesarios para justificar el tratamiento del expediente durante el receso.

De este modo, la causa retomará su curso a partir de febrero, cuando la Justicia comience a analizar el fondo del planteo y la legalidad de la tasa municipal, mientras el tema continúa generando debate en el ámbito local