En su segunda vuelta por la gobernación —un hecho inédito en la historia institucional moderna de la provincia— Alfredo Cornejo bien pudo haberse planteado dos objetivos concretos en medio de un escenario marcado por la sequía y por expectativas económicas inciertas para el país y Mendoza.
Uno, ser quien administrara y pusiera en ejecución la mayor cantidad posible de recursos del Fondo de Resarcimiento por los efectos de la promoción industrial, casi como un derecho adquirido por haber sido, quizá, el gobernador más entusiasta en concretarlo, corporizarlo y hacerlo pasar rápido por ventanilla para beneficiarse de la movida. Y dos, quedar identificado como el mandatario que dio inicio a la Mendoza minera, con la era del cobre y la primera explotación en Uspallata.
Arrancado el 2026, y a la luz del ritmo que muestran las licitaciones de obras financiadas con aquel fondo de 1.023 millones de dólares, junto con la aprobación legislativa de la DIA para que el Proyecto San Jorge (PSJ) avance hacia la construcción y posterior explotación del yacimiento de cobre en Las Heras, bien podría afirmarse que Cornejo alcanzó los objetivos que se había trazado hacia fines de 2019.
Sin embargo, no todo lo que brilla es oro ni todo avanza a la velocidad que se pretende en el cuarto piso de la Casa de Gobierno.
Una anécdota grafica la ansiedad oficial. Apenas habían pasado las primeras horas desde la aprobación de la DIA, mientras el oficialismo celebraba el triunfo político frente a la oposición más dura —que había intentado boicotear el aval—, cuando al consultar por los plazos de producción y el ingreso efectivo de la mina en operación, la euforia dio paso a la desazón. Muy probablemente no sea el actual gobierno el que vea partir el primer camión con concentrado de cobre.
Sí, en cambio, será quien presencie la construcción del yacimiento: un hecho relevante en sí mismo por la magnitud de la obra, la demanda de mano de obra y la inyección de recursos en Uspallata, las zonas aledañas y el resto del Gran Mendoza.
Estos dos objetivos están llamados a convertirse, sin exageraciones, en la tabla de salvación más cercana de la economía provincial, mientras se aguarda que la Nación acierte —y rápido— con las modificaciones de la macroeconomía que garanticen la llegada de inversiones. Con un Javier Milei que retiró al Estado nacional de la inversión en infraestructura, Cornejo aceleró el uso del Fondo de Resarcimiento, consciente de que no llegarían recursos para obras viales, hídricas, de saneamiento, ni para el metrotranvía, y mucho menos para salud o educación. La apuesta fue evitar una caída aún más profunda de una economía que no crece desde hace quince años.
No es casual que Marité Baduí, subsecretaria de Infraestructura y responsable de la administración del fondo y del control de las licitaciones, haya señalado este martes en LVDiez —en tono de humor— que no podrá tomarse vacaciones cuando medio gobierno sí lo está, incluido el propio Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado.
El apuro por ejecutar las obras se explica también por la presión creciente de una ciudadanía que espera ver materializado su esfuerzo en mejoras concretas del estándar de vida prometido. Ayer se abrieron los sobres para conocer que once empresas competirán por un tramo de las obras de refuncionalización del Acceso Este, cuya adjudicación se concretaría en aproximadamente un mes.
Hacia fines del año pasado, el Gobierno reconoció oficialmente que más del 75 por ciento de los 1.023 millones de dólares ya se encuentran comprometidos en obras de distinto calibre, especialmente viales, de riego y saneamiento. La prioridad —repiten desde el Ejecutivo— está puesta en la inversión directa “en obras tangibles que impacten en la calidad de vida, el desarrollo productivo y la infraestructura provincial, utilizando la mayor parte del resarcimiento para diversificar la matriz económica y generar empleo”.
Para dimensionar la magnitud del plan, el objetivo es intervenir más de 340 kilómetros de rutas y unos 33 kilómetros de vías férreas, con el Tren de Cercanías y el Metrotranvía. En saneamiento, se aspira a beneficiar a alrededor de un millón de usuarios, además de ejecutar 206 kilómetros de canalización con impacto directo en la producción agrícola. Se suman las etapas III y IV del Metrotranvía y partidas destinadas a equipamiento en Salud y Educación, historias clínicas digitales y nuevas salas, según lo informado por el propio Gobierno.
El año, además, no se presenta demasiado promisorio para la industria vitivinícola, lo que refuerza la apuesta por el arranque rápido de la minería con PSJ y el derrame de las obras financiadas con el resarcimiento. Con una cosecha considerada normal en volumen, la próxima vendimia agregará presión a un sector que ya arrastra entre siete y ocho meses de stock en bodegas. El resto es conocido: el consumo continúa en baja y la histórica industria madre de la provincia atraviesa un franco retroceso. Las exportaciones de vino argentino han caído con fuerza, en línea con lo ocurrido en Chile y otros países competidores.
Los economistas Gustavo Reyes y Jorge Day lo advirtieron en informes recientes: “No sólo el problema ha sido el alto costo en dólares, sino también la reducción del consumo mundial de vino, con impacto directo en la economía provincial”. En ese contexto, el sector volvió a mirar al mercado interno, aunque a precios sensiblemente más bajos y con resultados dispares: los varietales lograron sostener ventas y valores, mientras que los vinos genéricos cayeron tanto en cantidad como en precio.
Se entiende, entonces, la apuesta acelerada por el Fondo de Resarcimiento y la presión sobre PSJ y el resto de los actores mineros para apurar los tiempos. Nada que no se vea, se sepa o se comprenda en medio de los nervios que genera la incertidumbre sobre el plan macroeconómico de Milei; pero tampoco nada que no se hubiera anticipado tras tantos años de apuestas fallidas y expectativas postergadas