El municipio instalará portones en accesos secundarios desde marzo para prevenir delitos. La Justicia avaló la medida, pero vecinos y la oposición cuestionan su impacto social y legal.
El debate sobre la inseguridad volvió a la escena pública en Villa Allende, Córdoba, tras el anuncio del municipio de cerrar algunas calles secundarias durante la noche mediante portones, una iniciativa que comenzará en marzo y busca reducir la incidencia delictiva.
Esta medida forma parte del «Programa Integral de Prevención del Delito y Seguridad Vecinal«, que además contempla la incorporación de cinco móviles de patrullaje, la instalación de 250 cámaras de seguridad y 57 domos policiales distribuidos en diversos puntos de la ciudad.
A pesar de la polémica, la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación respaldó el cierre nocturno de calles, calificándolo como «razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública». De esta forma, la Justicia otorgó apoyo a una estrategia inédita en la provincia.
El intendente Pablo Cornet defendió la iniciativa señalando que el 60% de los robos en la ciudad ocurren durante la noche. «No es una decisión política o ideológica, sino una solución práctica frente al aumento de la inseguridad», afirmó el jefe comunal, quien además fue víctima de un asalto en su domicilio.
Según explicó, los primeros portones se instalarán en febrero en los barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar, operando desde las 22 hasta las 6 horas. Algunos cerrarán completamente las calles, mientras otros permitirán sólo el paso peatonal.
«El proyecto integral incluye duplicar las cámaras del centro de monitoreo, sumar móviles, adquirir un dron y mejorar la iluminación. Los portones facilitarán el control preventivo, buscando corredores seguros, bien iluminados y monitoreados», agregó el intendente.
La creación de esta iniciativa surgió del diálogo directo con vecinos, quienes indicaron por dónde ingresaban y escapaban los delincuentes, detalló Cornet.
En esta primera etapa se instalarán 14 portones y, si la experiencia es positiva, se ampliará a barrios como La Cruz, La Amalia, Jardín Epicuro, San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque.
Sin embargo, la medida generó presentaciones judiciales y amparos colectivos promovidos por vecinos y sectores de la oposición. La concejal Marta Banegas cuestionó el enfoque y alertó que «en lugar de políticas de inclusión se promueven políticas de segregación, lo cual es peligroso».
Los opositores argumentan que el cierre de calles públicas viola derechos fundamentales como la libre circulación y la igualdad ante la ley, además de señalar la ausencia de estudios técnicos que acrediten la eficacia real de los portones para combatir el delito.