La denominada “Tasa de Mantenimiento Vial y Control de Tránsito Pesado” fue impulsada por el Departamento Ejecutivo que encabeza el intendente Mauro Poletti y aprobada por la mayoría oficialista del Concejo Deliberante. Frente a esta situación, Giammaria recurrió a la Justicia con el objetivo de frenar su aplicación, al advertir que la medida encarecerá el precio de los combustibles en Ramallo en comparación con otras ciudades de la región.
La acción judicial está dirigida contra la Municipalidad y solicita dejar sin efecto de manera inmediata el artículo del Código Tributario que establece este nuevo recargo por cada litro de combustible cargado en las estaciones de servicio del partido.
En la presentación se sostiene que la norma resulta manifiestamente inconstitucional, ya que no cumple con los requisitos legales para ser considerada una tasa municipal. Entre los principales argumentos se destaca la ausencia de una contraprestación concreta, requisito esencial para este tipo de tributos, dado que no se especifica de qué manera el dinero recaudado volverá en beneficios directos para los contribuyentes.
Desde la oposición advierten que la creación de esta tasa no solo incrementa el costo de vida en el distrito, sino que además genera una carga adicional para comerciantes, transportistas y trabajadores que dependen del uso diario de vehículos para desarrollar sus actividades.
Al anunciar la presentación judicial, Giammaria expresó que la medida busca proteger a los vecinos frente a lo que consideró un avance injustificado del Ejecutivo municipal sobre los contribuyentes y cuestionó la oportunidad en la que se impulsa el nuevo gravamen