Las facturas de electricidad que reciben los usuarios residenciales en Argentina incluyen una variedad de impuestos y tasas que exceden el costo del servicio propiamente dicho. Según un análisis de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), en promedio el 26% del total que se paga por la luz corresponde a tributos nacionales, provinciales y municipales, aunque ese porcentaje varía de manera significativa según la jurisdicción.
El estudio revela que, mientras en distritos como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Misiones la carga impositiva ronda el 20%, en provincias como Mendoza puede alcanzar hasta el 40% del importe final. Si el cálculo se realiza únicamente sobre el valor de la tarifa eléctrica —sin considerar otros componentes—, la incidencia de los impuestos puede incluso duplicarse.
Entre los cargos identificados figuran tasas municipales que no guardan relación directa con la prestación del servicio eléctrico. En distintos puntos del país, las boletas incluyen conceptos vinculados al financiamiento de servicios de sepelio, ambulancias, alumbrado público, barrido y limpieza urbana, o programas de fomento local. En algunos casos, estas tasas se superponen con otros tributos que los municipios ya cobran de manera independiente.
El informe señala que este esquema de recaudación tiene un efecto regresivo, ya que impacta con mayor fuerza sobre los hogares de menores ingresos. De acuerdo con estimaciones del sector, los subsidios nacionales a las tarifas de luz y gas representan, en promedio, un 6% del ingreso del decil más pobre, mientras que los impuestos incluidos en las facturas absorben cerca del 4%, reduciendo de manera significativa el alivio que busca generar la política de subsidios.
La superposición de tributos también genera efectos cruzados entre la Nación y las provincias. Al reducirse el precio mayorista de la energía mediante subsidios, disminuye la base imponible sobre la que se calcula el IVA, lo que afecta tanto a la recaudación nacional como a la coparticipación provincial. Un fenómeno similar se observa en el sector hidrocarburífero, donde la intervención sobre precios internos incide en el cálculo de regalías.
En este contexto, el Gobierno nacional impulsó en 2024 una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio que establece que las facturas de servicios esenciales deben detallar de forma exclusiva el precio del servicio contratado, con el objetivo de impedir la incorporación de cargos ajenos. Sin embargo, su implementación depende de la adhesión de las provincias y municipios, lo que limita su alcance en un sistema federal descentralizado.
El Decreto 450, dictado este año con un propósito similar, tampoco logró una aplicación uniforme. La autonomía fiscal de las jurisdicciones permite que cada provincia defina su esquema tributario, generando un mapa heterogéneo de costos para los usuarios.
La discusión se extiende más allá de las tarifas eléctricas. En Río Negro, por ejemplo, el gobernador Alberto Weretilneck envió a la Legislatura un proyecto para reducir la alícuota de Ingresos Brutos sobre la distribución de luz y gas, aunque en paralelo la provincia prevé una fuerte recaudación vinculada al oleoducto Vaca Muerta Sur, una obra estratégica para la exportación de petróleo.
El proyecto contempla aportes millonarios por parte del consorcio privado que ejecuta la obra, además de tasas de fiscalización y exigencias de compre local. Casos similares se replican en otras provincias, donde distintos insumos clave para la actividad energética o industrial son gravados con nuevos cargos.
El panorama refleja cómo, en el marco del federalismo fiscal, cada jurisdicción utiliza sus herramientas impositivas de acuerdo con sus necesidades financieras. Mientras algunas avanzan en la reducción de tasas sobre servicios públicos, otras profundizan esta vía de recaudación, con impacto directo en el costo que afrontan los usuarios finales