El gobernador de Catamarca destacó la generación de más de 8.000 empleos directos e indirectos en el sector y pidió evaluar integralmente los impactos ambientales, sociales y económicos. El proyecto obtuvo dictamen y será tratado en el recinto el 10 de febrero.
Entre los oradores se encontraron Andrés Nápoli (Fundación Ambiente y Recursos Naturales – FARN); Hernán Casañas y José Esaín (Aves Argentinas); Agostina Rossi (Greenpeace); Eugenia Testa (Círculo de Políticas Ambientales); Alfredo Vitaller (Cámara Argentina de Empresarios Mineros – CAEM); Manuel Benítez (Cámara Argentina de Proveedores Mineros – CAPMIN); Pablo E. Villagra (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales – IANIGLA); Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas); Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre Argentina); y Gabriela González Trilla (investigadora del CONICET, especializada en ecosistemas azules).
Las posturas fueron diversas: desde advertencias sobre el riesgo de “flexibilizar” la norma y generar incertidumbre jurídica, hasta planteos empresariales que señalaron la necesidad de adecuar el marco regulatorio para favorecer el desarrollo minero responsable.
Tras un cuarto intermedio, la comisión recibió a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil, cuya intervención marcó uno de los momentos más relevantes del encuentro.
Jalil subrayó la importancia de evaluar de manera integral el impacto ambiental, social y económico de la actividad minera, y puso el foco en el crecimiento del empleo formal en el sector. Señaló que Catamarca registra cerca de 3.000 puestos de trabajo directos, con un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 empleos en otras actividades vinculadas, lo que representa un factor clave para la economía local y la diversificación de la matriz productiva.
Por su parte, Orrego señaló que en su provincia existe la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de protección mínima que permita su adecuada aplicación.
Finalmente, el proyecto obtuvo dictamen y se prevé su tratamiento en el recinto el próximo 10 de febrero, en el marco de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo