La empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio nació como un ente tripartito, y así se mantuvo por décadas, aun cuando su patrimonio y riqueza estuvo siempre en suelo catamarqueño. La semilla de esta empresa singular, en la que participan la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional (formalmente será así hasta que se cumpla el trámite presidencial de firmar el decreto con la nueva conformación), se sembró en la década del ‘20 del siglo pasado, y tiene como protagonista a un químico que trabajaba en la Casa de Altos Estudios tucumanos, el doctor Abel Peirano, un prestigioso profesional recibido con medalla de oro en Buenos Aires. Peirano se radicó en Santa María, y realizó innumerables investigaciones, expediciones y estudios de campo en toda la región. Fue Peirano quien descubrió Farallón Negro, en una de sus salidas a la montaña, donde analizaba el potencial minero de la zona. Fue exactamente en 1936 cuando reveló la presencia de metales en los cerros de Hualfín, en el lugar denominado Agua de Dionisio. Cuando dio a conocer estos avances, encontró respaldo de la Universidad de Tucumán, que designó un equipo para que colaborara con Peirano, y ratificó sus hallazgos de oro y plata. A partir de allí intervino también Nación, al instalar una planta piloto con participación de organismos como la Secretaría de Minería. La Universidad de Tucumán profundizó su conocimiento de las novedosas minas, y agradecido por semejante acompañamiento, el propio Peirano y sus colaboradores, cedieron sus derechos de descubridores a la UNT. Era 1948, y un año más tarde Juan Domingo Perón, entonces presidente, dispuso estatizar todos los yacimientos y áreas mineras, lo cual generó un conflicto de intereses y competencias. Hubo procesos judiciales de por medio, pero recién se resolvería el dilema una década más tarde, cuando bajo la presidencia de Arturo Frondizi se creó la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio: nacía YMAD. Fue el 9 de enero de 1959 cuando se publicó la luego famosa Ley 14.771, con sus particulares características, ya que la constituían la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán, con dos representantes cada una en el directorio, y un presidente de la empresa designado por el propio Estado nacional. Tres cuerpos para una conducción, y beneficios futuros repartidos en dos beneficiados: Catamarca con el 60 por ciento y la UNT con el 40 por ciento. Las ganancias no aparecerían hasta fines de los ‘70, cuando Farallón Negro comenzó a extraer minerales, porque hasta entonces casi toda la actividad era de exploración. No se trataba de todas formas de grandes magnitudes de producción, y por muchos años la empresa no generó dividendos significativos, y se sostuvo por los aportes de Nación. Todo cambió en 1997, cuando YMAD participó en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que se internaría en el primer gran emprendimiento minero del país: Bajo de La Alumbrera, una fuente gigante de cobre, oro y molibdeno. Allí sí, los números previstos en la Ley 14.771 adquirieron otro tenor, porque el reparto era por fortunas. La universidad tucumana determinó que lo que recibiera por minería lo dedicaría a obras, y que una vez concluidas esas obras formaría una suerte de fondo común para beneficiar a todas las universidades nacionales (nota aparate merecería esa historia, porque el dinero girado a Tucumán en gran parte se esfumó y derivó en escandalosos juicios aún sin resolver). Como Alumbrera generó también cierta oposición, algunas universidades rechazaron esos fondos, y otras asumieron una postura hipócrita, condenando la minería públicamente pero percibiendo el dinero al mismo tiempo. Así transcurrieron los años, con periódicos altibajos y peleas, no exentas de algún reclamo o denuncia judicial, pero sin que nadie osara replantear los mecanismos originales de YMAD. Esa historia está a punto de terminar, porque Raúl Jalil gestionó largo tiempo ante Nación, y Catamarca toma ahora definitivamente el timón del barco y será quien decida de aquí en más. Con presidencia y dominio del directorio, las intromisiones llegarán a su fin, merced a un histórico acuerdo que representa un verdadero hito provincial, y cuyos resultados podrán verse con nitidez cuando los próximos grandes emprendimientos mineros se pongan en marcha.
Recuerdos
Hace una década, en un hecho inusual, todos los integrantes de la Corte de Justicia se presentaron en Casa de Gobierno, y fueron recibidos por la Gobernadora Lucía Corpacci en su despacho. El presidente del cuerpo judicial en aquel momento, José Ricardo Cáceres, y los ministros Luis Raúl Cippitelli y Amelia Sesto de Leiva, asistieron al encuentro, del que participaron también quienes eran el ministro de Gobierno y Justicia, Gustavo Saadi, y el ministro de Hacienda, Ricardo Aredes. El motivo del acercamiento fue que los jueces quisieron expresar su agradecimiento por las gestiones llevadas adelante por la mandataria, quien había logrado la incorporación Catamarca al régimen establecido por la Ley de Jubilaciones y Retiros para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Se trataba de un histórico pedido de la Asociación de Magistrados, quienes desde ese momento pueden jubilarse con todas las condiciones establecidas en la Ley N° 24.018. Cippitelli renunció a la Corte en 2023, mientras que Sesto de Leiva renunció en 2021 y falleció el año pasado. Cáceres, con más de 80 años, sigue integrando la Corte, que hoy cuenta con siete integrantes y lo tiene -por lejos- como su miembro más longevo, ya que se sumó en 1992.
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