Orientada al cuidado de los recursos públicos.
El proyecto incorpora a la Carta Orgánica disposiciones específicas que establecen la responsabilidad política, administrativa y patrimonial de los funcionarios públicos municipales, en especial del Intendente, frente a daños y perjuicios ocasionados al Municipio por negligencia, omisión, inacción o incumplimiento de deberes legales y administrativos.
Asimismo, se fijan obligaciones claras en materia de diligencia en la defensa judicial y administrativa, cumplimiento de plazos procesales y contestación de demandas, previendo mecanismos de sanción, control y eventual resarcimiento patrimonial en caso de perjuicio comprobado a la Hacienda Municipal.
Desde el Ejecutivo Municipal se destacó que esta reforma se fundamenta en los principios constitucionales de responsabilidad del Estado, transparencia, eficiencia y continuidad institucional, y representa un avance significativo en el fortalecimiento de la institucionalidad local. Todos se mostraron muy satisfechos con el resultado