El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares, con el objetivo de permitir la explotación minera en zonas cercanas a esas enormes concentraciones heladas.

www.dataclave.com.ar

El proyecto de reforma de la ley 26.639 “protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país”, según sostuvo el gobierno en un comunicado.

Se trata de una reforma que no deroga la ley vigente, pero sí reordena su aplicación, redefine criterios técnicos y refuerza el rol de las autoridades provinciales, en línea con el dominio originario de los recursos naturales.

Entre otras cuestiones, el proyecto buscará modificar el artículo de la ley actual que prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en el ambiente glacial y periglacial, según el proyecto que ingresó en el Congreso por la Cámara de Senadores.

En los fundamentos del proyecto se sostiene que las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y aquellas que forman parte de la Mesa del Cobre (integrada por las mencionadas provincias y por Mendoza y San Juan) manifestaron recientemente su preocupación por las dificultades que plantea la Ley N° 26.639.

Esa nota que se envió al Ejecutivo sostiene: “la Ley de Glaciares, en su redacción actual, ha provocado controversias sobre su alcance e interpretación, lo que termina por obstaculizar el logro de su finalidad última: promover el desarrollo económico sostenible de nuestras Provincias y de la Nación, sin comprometer a las generaciones futuras”.

El proyecto sustituye el artículo 1° de la ley de Glaciares y redefine su objeto. Se mantiene el principio central de la norma: la protección de los glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas.

La novedad es que el texto incorpora una interpretación explícita en consonancia con el artículo 41 de la Constitución Nacional, reconociendo la utilización racional de los recursos naturales por parte de las provincias, titulares originarias de los mismos según el artículo 124 de la Constitución. De este modo, el proyecto busca equilibrar protección ambiental y competencias jurisdiccionales.

La ley de glaciares fue aprobada en 2010 tras una fuerte presión de la sociedad civil, de la comunidad científica y de las organizaciones ambientales. Desde entonces, la norma ha enfrentado cuestionamientos por parte de sectores vinculados a la megaminería, que buscaron limitar su alcance.

Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema de Justicia ratificó su constitucionalidad y reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de carácter público y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos como el acceso al agua prevalecen por sobre intereses individuales.

En 2024, el Gobierno de Milei intentó reformar la norma para permitir actividades económicas en ambientes periglaciales, lo que no prosperó por los contundentes reclamos de los ambientalistas.

En 2016, un informe gubernamental admitió la existencia de 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial. Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en Argentina. Solo en los tres últimos años la cantidad de proyectos en el país saltó de 160 a 325