El Gobierno nacional anunció este lunes que envió al Congreso el proyecto para reformar la ley de Glaciares. Según explicaron desde la administración de Javier Milei, el objetivo de la iniciativa es «ordenar el marco normativo vigente» para poder «consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional».
En definitiva, apunta a incentivar el avance de varios proyectos mineros que buscan desarrollarse en Los Andes, principalmente los de cobre, pero que hasta ahora estaban impedidos de seguir adelante.
El texto busca redefinir el alcance operativo de la ley, introducir mayor precisión técnica en la protección ambiental y ordenar las competencias entre Nación y provincias.
«A más de 15 años de su sanción, la mal llamada ley de Glaciares ha demostrado graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales», apuntaron desde el Gobierno y destacaron que la reforma busca establecer «reglas claras». «Protege los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalece los estándares ambientales vigentes y elimina la discrecionalidad que, bajo pretextos ideológicos, obstaculizó el desarrollo económico del país», detallaron.
Desde la administración libertaria destacaron además que la iniciativa «reafirma el mandato constitucional del artículo 41» al señalar que «exige proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano». Lo mismo consideraron respecto al artículo 124, que «reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales», y aseguraron que el nuevo texto «fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y científica, y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, a fin de contar con información precisa, actualizada y útil para la toma de decisiones».
El proyecto se apoya en el principio de utilización racional de los recursos naturales consagrado en la Constitución Nacional, sin alterar el carácter de los glaciares como bienes públicos ni su función estratégica como reservas hídricas.
El Gobierno resaltó además que esta reforma «da respuesta al reclamo realizado por las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan)».
Si bien el oficialismo busca que el proyecto avance rápidamente, por la ocupada agenda legislativa para el período de sesiones extraordinarias, el debate podría llegar a postergarse. Mientras tanto, la Cámara baja tratará esta semana el Presupuesto 2026 y otras iniciativas de reforma en materia tributaria.
CAEM destacó el proyecto que envió el gobierno al Congreso para modificar la ley de glaciares
Desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras destacaron el concepto de un proyecto que fue trabajado a conciencia y en el que CAEM participó activamente.
Vea el comunicado:
La Cámara Argentina de Empresas Mineras manifestó su total acuerdo y compromiso con el objetivo de proteger “los Glaciares y el ambiente Periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos”. Así quedó plasmado en el artículo 1° de la Ley 26.639 (“Ley de Glaciares”), dado que éste fue el espíritu de los debates legislativos que precedieron a la sanción de dicha ley. No hay dudas y el consenso es unánime: los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan “reservas estratégicas de recursos hídricos” deben protegerse.
La Ley de Glaciares requiere aclaraciones porque no todos los glaciares y ambiente periglacial constituyen “reservas estratégicas de recursos hídricos”. Así, la ley debe aclarar que la determinación de los glaciares y ambiente periglacial que cumplen dicho recaudo debe realizarse, de acuerdo con la opinión de expertos, caso por caso y en base a estudios específicos que lo sustenten.
Asimismo, debe definirse el rol de las provincias, que según lo establece nuestra Constitución Nacional son las titulares de los recursos naturales existentes en sus territorios, en la determinación y delimitación de los glaciares y ambiente periglacial que resultan objeto de protección.
Una efectiva redacción, que elimine la incertidumbre existente, permitirá que actividades productivas y de desarrollo de infraestructura puedan realizarse en un marco de total respeto por el cuidado ambiental en general y del recurso hídrico en particular, permitiendo que miles de argentinos accedan a trabajar en actividades nobles e imprescindibles para la vida moderna, mejorando la calidad de vida de sus familias y contribuyendo al tan necesario desarrollo económico del país.
Ya ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al referirse a la Ley de Glaciares que su problemática debe resolverse “por el diálogo federal antes que por la intervención de los jueces”. Es tiempo de ejecutar esa solución concertada. Las aclaraciones que exige la Ley de Glaciares requieren el diálogo y la actuación conjunta y coordinada de las autoridades nacionales y provinciales, tal como se ha llevado adelante recientemente, para proteger a los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan “reservas estratégicas de recursos hídricos”. Ello, por supuesto, considerando que la citada protección no resulta incompatible con el desarrollo sostenible