El gobierno libertario de Javier Milei avanza a tambor batiente y paso redoblado detrás de ese paquete de reformas estructurales que, para algunos, constituye el ingreso al estadio de las soluciones largamente demoradas frente a tantos años sin crecimiento, sin generación de riqueza y sin creación de empleo. Ese ímpetu, tan contundente como animado, con el que el Ejecutivo cierra 2025 también alimenta al otro fiel de la balanza: el que lo enfrenta con igual energía y vaticina a los cuatro vientos su caída cercana y el inevitable fracaso de las consignas oficiales. Todo, claro, detrás de este intento de dinamitar un conjunto de mitos sagrados que dieron forma a una manera de hacer —y de interpretar— la política durante más de medio siglo y que, a la luz de los hechos, entró en crisis total.
El país percibe cómo se sacuden sus estructuras, casi con la intensidad de hace cuarenta años, cuando recuperó la democracia y logró desembarazarse para siempre —como más tarde se sabría— de las corrientes autoritarias y violentas que lo atenazaron. También recuerda, desde lo económico, los cimbronazos de los 90 del menemismo y más tarde el de Mauricio Macri, que procuró ejecutar un plan distinto al instituido por la doctrina político-económica dominante, más cercana a los populismos y alejada de los métodos propios de la responsabilidad fiscal y del cuidado por la salud del Estado.
Con Milei, el cambio de dirección vuelve a ser total. Su problema no parece ser la velocidad de las reformas de fondo, sino el desdén por las consecuencias negativas que dejan su estela en buena parte del tejido social. Consecuencias sin contención ni medidas de mitigación que, como ocurrió con otras experiencias truncas detrás de la estabilización, pueden derivar otra vez en fracaso. Y en este caso, la exposición no es sólo la del gobierno: sería otra vez el fracaso de millones de argentinos que, sin amarlo, están subidos a su tren empujados por la esperanza de dejar atrás tantos años de frustración.
La ausencia de planes de mitigación o de asistencia a los sectores caídos por el cambio abrupto de reglas puede comprometer el rumbo. Así lo demuestra la experiencia histórica. Lo llamativo es que quienes imaginaron durante años el desarme de esa madeja intrincada que impidió a la Argentina crecer genuinamente —de manera sólida y sostenida—, y a quienes Milei les dio por fin la oportunidad soñada, no hayan contemplado ese costado del plan vinculado con las contingencias. Sería deseable comprobar que la falta de mirada sobre los caídos es producto del olvido y no de algún sesgo ideológico. De lo contrario, la frustración sería mayor.
Hay un costado del nuevo (y a la vez viejo) sistema económico que muestra con brutalidad los daños no atendidos: la apertura indiscriminada sin un plan mínimo de protección frente a consecuencias previsibles. Cierres de fábricas y ensambladoras, talleres textiles en retirada y pymes que bajan la persiana. Empleos perdidos como resultado lógico de un modelo en el que lo viejo no logra encontrar un lugar en lo nuevo sin un cambio de posicionamiento casi absoluto. El problema para la administración Milei es que, mientras avanza en la construcción del nuevo orden, no cree en los mecanismos de protección que sí aplican otros modelos similares, como el que impulsa su amigo Donald Trump en Estados Unidos.
Mendoza acompaña el proceso de cambios profundos. Aunque, para ser justos, esta provincia comenzó antes detrás de ese objetivo de estabilización que hoy persigue la Nación. Sin posibilidades de influir en el modelo macro, Mendoza hizo esfuerzos previos por ordenar el funcionamiento del Estado mediante control y seguimiento de los recursos disponibles. Lo que no consiguió —demostrado por su estadística y el monitoreo de su economía diversa— fue que creciera su PBI o la producción de riqueza. Pero el esfuerzo por mantener el equilibrio fiscal al menos logró que la epidemia de plagas económicas que castigó al país no la dejara en estado irrecuperable. Mitigó parte del desastre nacional.
Hay, sin embargo, una línea que une el camino mendocino —conducido por la era Cornejo, ya con una década en el poder— con la impronta que Milei imprime en la Nación. Existe entre ambos una coincidencia casi absoluta en el rumbo y en los “cómo”, aunque con matices que el propio Alfredo Cornejo se encargó de subrayar, sobre todo en lo relativo al rol del Estado frente a demandas clave. Ahí donde Milei se retira o ignora, Cornejo señala responsabilidades indelegables: infraestructura estratégica y obra pública que la actividad privada no está en condiciones —ni tiene intención— de asumir.
Pero la coincidencia decisiva entre ambos modelos es también la amenaza que podría arruinar los avances si no se la contrarresta con firmeza. En el caso de Milei, la amenaza surge de la falta de un plan de contención ante los daños que generan las reformas estructurales. En Mendoza, el punto crítico es el sistema de control sobre la minería metalífera, nueva actividad que se incorpora a la matriz económica provincial. Es un asunto mayor. Todas las miradas están puestas en Mendoza: desde quienes buscan replicar el “modelo mendocino” como receta para destrabar proyectos en provincias bloqueadas —La Rioja es un ejemplo evidente— hasta fuerzas minoritarias pero ruidosas, con capacidad de agite y sueños de desestabilización, que esperan el menor desliz para capitalizarlo.
En rigor, el gobierno de Cornejo no es el único responsable de proteger la salud del desarrollo minero que se aproxima. Comparte esa responsabilidad con PSJ–Cobre Mendocino. El país mira este proceso con atención porque abre una puerta inédita para la minería argentina. Un error o una omisión costarán caro.
En ese clima de dudas y sospechas promovidas por sectores interesados, es útil subrayar algunas afirmaciones recientes de la empresa: “En todo proyecto minero, tanto en Argentina como en el resto del mundo, las autorizaciones ambientales NO son un ‘cheque en blanco’, sino que están condicionadas a conductas empresariales, estudios verificadores y requisitos preventivos. No como una penalidad, sino como un marco limitante dentro del cual debe desarrollarse el proyecto. NO existe una amenaza de daño grave e irreversible, y se ha omitido señalar que en nuestro Informe de Impacto Ambiental sí prevemos medidas de precaución, mitigación y prevención. Los críticos confunden impacto con daño. Toda actividad humana genera impacto; el daño es otra cosa: es grave, serio, irremediable. La Declaración de Impacto Ambiental establece los carriles dentro de los cuales debe operar el proyecto. Eso no es incertidumbre: son las condiciones de operación”. Lo escribió Raúl Rodríguez, miembro del grupo inversor y puntal jurídico de la minería en Mendoza y en el país.
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