Luego de la aprobación en la Legislatura, la legisladora detalló cómo serán los procesos para desarrollar una mina, los empleos que demandaría y los controles ambientales.
El paquete de leyes sancionados este martes en el Senado provincial incluyó la aprobación del denominado «Malargüe Distrito Minero Occidental II» que contempla 27 proyectos.
La senadora malargüina Jésica Laferte, una defensora del desarrollo minero de su departamento, habló con Vibra FM (100.3) sobre etapas, controles y generación de empleos.
Explicó que para comenzar a desarrollar una mina es necesario primero comprobar mediante la exploración que hay una cantidad suficiente de minerales que sea rentable extraer y por lo tanto «muchos de los proyectos que se estudian van cayendo y a la concreción o explotación llegan pocos».
En ese sentido, «el objetivo de este distrito es darle volumen a esta exploración y saber si ese potencial geológico que consideramos que tenemos realmente es así. Si no exploramos no podemos comprobarlo».
Respecto a cuándo comenzarían los primeros trabajos, teniendo en cuenta que ya tienen la aprobación legislativa, Laferte explicó que la fase de exploración se debe realizar en enero y febrero porque es el momento que no hay nieve en la cordillera aunque cree que no llegarían a comenzar este verano.
De todos modos, recordó que ya hay algunos otros proyectos que tienen la exploración avanzada porque empezaron años atrás como Cerro Amarillo o Hierro Indio.
¿Cuántos empleos pueden generar?
La legisladora calculó que en la etapa de exploración cada proyecto minero va a demandar unas 20 personas como «por ejemplo choferes, baqueanos para llegar a ciertas zonas, geólogos, técnicos en minería y otros profesionales calificados», aunque la mayor demanda se dará en la fase de explotación que es cuando se construye la mina y se pone a producir. «La mano de obra fuerte se estima entre 3 y 5 años si se comprueba que hay reservas suficientes».
¿Cómo se evitará que contaminen?
La senadora aseguró en primer lugar que el área que abarca el Distrito Minero II «no afecta ninguna cuenca ni ninguna reserva de agua» y todo su desarrollo estará sometido a diversos controles.
Recordó que «mientras esté vigente la Ley 7722 las declaraciones de impacto ambiental se realizan cada dos años. Y si se hace una modificación en un proyecto antes de ese tiempo, deben hacer la evaluación de nuevo. A ello se suma la evaluación constante de la participación ciudadana y de la Autoridad Ambiental Minera».
Dijo que también se creó en la Legislatura, a propuesta de la oposición, la «Comisión Bicameral de Seguimiento de Actividades Extractivas» que será presidida por un legislador opositor.
Por último, Laferte pidió que no nieguen esta oportunidad de desarrollo para Malargüe, al que considera postergado y ejemplificó que el departamento no ha recibido una obra que haga la diferencia del Fondo de Resarcimiento de la Promoción Industrial (el ex Fondo de Portezuelo).