El Ejecutivo pretendía un incremento del 3.000% en un certificado que deben pagar al municipio para trabajar en temporada. Lo bajó a 1.000% y sigue la polémica.
El debate se instaló en el Concejo Deliberante de Bariloche por un certificado que deben pagar los instructores de esquí que trabajan en el cerro Catedral que sufrirá un fuerte aumento a partir de enero, si prosperan los cambios en la ordenanza fiscal y tarifaria que impulsa el intendente Walter Cortés.
El Ejecutivo presentó en principio un incremento de ese tributo del 1.000 %, pero las críticas iniciales llevaron a modificar esa propuesta y hoy la secretaría de Hacienda presentó a los concejales una reformulación bajando ese incremento al 257%.
En números reales el certificado que pagan los instructores actualmente es de 280 módulos fiscales y con el reajuste presentado hoy se llevará al equivalente de 1.000 módulos fiscales. Esa cifra equivale a 417.000 pesos por cada instructor, considerando que el módulo fiscal tendrá un costo de 417 pesos a partir del 1 de enero y durante los primeros seis meses del 2026.
Los fundamentos del aumento a los instructores de esquí
La semana pasada desde el Ejecutivo se mencionó que el aumento estaba dado por un presunto hábito evasor de los instructores y además una actividad que tiene alta remuneración. Ese fundamento fue duramente cuestionado por el concejal Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro) que instó a que si los funcionarios tenían pruebas deberían denunciarlo al ARCA o Rentas de la provincia.
Pero hoy el secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, en la comisión conjunta de Gobierno y Economía, argumentó otros objetivos asociados a destinar más recursos generados en el cerro Catedral a obras y servicios en la misma área. Dijo que existe un importante “costo operativo” de todas las tareas que realiza el municipio en el cerro y Villa Catedral y que se “planifica hacer baños públicos e infraestructura que hoy no tenemos”.
Lerra remarcó que la tarifa que se pretende cobrar a los instructores “no es excesiva” y también defendió el monto el presidente del Concejo, Gerardo Del Río (PUL) que hizo una ecuación del costo real diario, que estimó en 4.633 pesos si se trabaja 90 días de temporada, y lo comparó con el valor “de un alfajor”, lo que en definitiva costará ese certificado que deben pagar anticipadamente los instructores. La comparación fue motivo de cuestionamientos y luego el edil se retractó y pidió disculpas.
Del Río remarcó que el certificado lo pagarían las escuelas de esquí que son las empleadoras de la mayoría de los instructores (alrededor de 800) y aparte unos 300 a 350 instructores independientes. “No veo que sean números irracionales e ilógicos, entendiendo también que hay que fortalecer la fiscalización porque hay un desorden generalizado y evasión”, señaló.
El concejal oficialista dijo que el Ejecutivo está dispuesto a la revisión del texto, luego de recibir el pedido de Villalba de retrotraer el aumento al valor anterior, es decir el equivalente a 280 módulos fiscales y una iniciativa del concejal Juan Pablo Ferrari (JSRN) de diferenciar el pago que realizan los instructores independientes, las escuelas de esquí y un impacto mayor de 3.000 módulos fiscales a los instructores extranjeros o foráneos.
Duros cuestionamientos al tributo y el aumento
Villalba cuestionó que se intente aplicar un aumento desmedido al sector de los instructores, dijo que “se metieron en cuánto gana un instructor pero no en cuánto gasta”, mencionando en los costos para la actividad el impacto del aumento del pase de esquí que tiene una suba del 39% para la próxima temporada y para los instructores llega a 1.680.000 pesos. “No es poco si antes de empezar a facturar ya le sacaste 2.000 dólares entre pase y derecho de certificación”, insistió al pedir que se retrotraigan los valores que de por sí tendrán un aumento por la actualización del módulo fiscal a partir de enero.
Laura Totonelli (JSRN) hizo cuentas del impacto para los instructores de esquí con el nuevo monto definido en 1.000 módulos fiscales y remarcó que para las cuentas municipales representa un 0,18% total de la recaudación prevista, algo que calificó como “insignificante” ya que se podría recaudar unos 458 millones de pesos si efectivamente son 1.100 instructores en el cerro. Dijo que la imposición de este certificado “significa un trato discriminatorio para este sector”.
Julieta Wallace (Incluyendo) habló de un tributo “confiscatorio” no por el monto en sí, sino por la “razonabilidad” que dijo no encontrar en los argumentos del Ejecutivo. “Que expliquen esa razonabilidad, dicen que esa plata se va a usar para la Delegación Catedral cuyas obras no son precisas. Fue un número al voleo, el costo no está asociado al costo del servicio que se brinda”, advirtió.
La concejal comparó además el impacto en la recaudación que tendría este certificado, de alrededor de 500 millones de pesos, cuando el canon anual de la empresa concesionaria, fijado por una ecuación establecida en el contrato, es de 1.500 millones de pesos