Los gobernadores acordaron avanzar mediante un esquema de concertación federal con la Nación, mecanismo previsto en la Constitución que habilita la presentación conjunta de un proyecto legislativo. El texto se encuentra en etapa avanzada y, de acuerdo con fuentes oficiales, incorpora aportes técnicos de varias jurisdicciones, entre ellas San Juan.
El ministro de Producción, Trabajo e Innovación sanjuanino, Gustavo Fernández, confirmó que se aceleraron gestiones en Buenos Aires y que este miércoles viajaron a la capital el gobernador Marcelo Orrego, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, y él mismo. Si bien no habrá una reunión formal para cerrar el documento, se espera que el tema forme parte de las conversaciones en las actividades programadas.
La expectativa de las provincias es que la ley aclaratoria pueda ingresar al Congreso antes de fin de año, para luego seguir el tratamiento legislativo habitual en ambas cámaras, sin un trámite exprés.
Un camino legislativo, no un decreto
El presidente Javier Milei había mencionado inicialmente la posibilidad de resolver las controversias interpretativas a través de un decreto. Sin embargo, gobernadores y Casa Rosada coincidieron finalmente en que el instrumento más sólido jurídicamente es una ley, por su mayor estabilidad y capacidad para evitar futuras judicializaciones.
Aclarar, no modificar
Las provincias remarcan que el proyecto no busca modificar la Ley de Glaciares ni reducir sus estándares de protección. La finalidad es precisar definiciones técnicas que hoy generan superposiciones entre zonas protegidas y áreas con actividad minera preexistente.
Entre los puntos que se buscan precisar se encuentran:
- Definiciones más acotadas del ambiente periglacial: la redacción actual abarca zonas sin presencia de glaciares ni geoformas asociadas, lo que provoca restricciones en áreas de exploración sin hielo permanente.
- Delimitación concreta del objeto protegido: se apunta a diferenciar con mayor claridad cuáles geoformas deben quedar bajo protección estricta.
- Ratificación de la potestad provincial sobre los recursos naturales: se incorporaría una precisión para reafirmar que las decisiones sobre explotación corresponden exclusivamente a las provincias, en el marco de la normativa ambiental.
Proyectos paralizados a la espera de definiciones
La discusión está directamente vinculada al freno en proyectos de gran escala en San Juan y otras provincias. Iniciativas como Pachón, Altar, Vicuña y Los Azules han sido mencionadas como casos donde las interpretaciones actuales de la Ley de Glaciares dificultan avanzar en etapas clave.
Las autoridades provinciales advierten que grandes inversiones no se concretarán sin un marco legal más claro que determine con precisión las zonas protegidas y las áreas donde puede desarrollarse actividad minera bajo estándares ambientales vigentes